Costa Rica: una transición sin precedentes
Laura Fernández asumió el viernes 8 de mayo como la presidenta número 50 de Costa Rica, en un hecho histórico que marca no solo el inicio de un nuevo gobierno, sino también un experimento de continuidad política. La mandataria, segunda mujer en ocupar el cargo, llega con altas expectativas y un inusual optimismo, respaldada por una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa: 31 de los 57 escaños para su partido, el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
El peso de Rodrigo Chaves
El principal activo político de Fernández es su antecesor, Rodrigo Chaves, quien dejó la presidencia con un 64% de aprobación. Chaves es reconocido por logros económicos como un crecimiento anual cercano al 5%, reducción de la pobreza del 23% al 15,2% y una inflación baja. Sin embargo, también deja deudas: la inseguridad aumentó un 45% en homicidios, no cumplió su promesa anticorrupción y la inversión social cayó a su nivel más bajo desde 2008.
Lo extraordinario es que Chaves asumirá simultáneamente como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, además de controlar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Esto es inédito en la historia democrática costarricense: ningún presidente saliente había ocupado cargos tan relevantes en el gobierno de su sucesora.
Una metamorfosis del poder
No se trata de una transición convencional, sino de una reelección encubierta. Chaves mantiene el control de la coordinación política, el gabinete económico, el presupuesto y la inteligencia estatal. Se configura una diarquía donde Fernández es la presidenta formal, pero Chaves conserva una influencia determinante.
Impugnación y riesgo de impunidad
Al asumir como ministro, Chaves conserva la inmunidad que protege a altos funcionarios, pese a múltiples causas judiciales. Para levantarle el fuero se requieren 38 votos en la Asamblea, pero el oficialismo tiene solo 31, lo que hace políticamente improbable cualquier acción. Esto podría congelar investigaciones durante cuatro años, reforzando la percepción de impunidad.
Implicaciones regionales
Este fenómeno se suma a una tendencia en democracias donde liderazgos personalistas buscan prolongar su influencia más allá del mandato constitucional, sin reformas reeleccionistas, sino ocupando nuevos espacios de poder. Costa Rica, un faro democrático en Centroamérica, enfrenta ahora el desafío de preservar su equilibrio institucional.
La oposición, con 26 diputados, y la sociedad civil deberán demostrar su fortaleza para resistir esta concentración de poder. Como advierte el analista Daniel Zovatto, las democracias no se deterioran abruptamente, sino desde dentro, mediante pequeñas normalizaciones. La pregunta clave es si Costa Rica logrará mantener su fortaleza democrática.
