En las últimas 24 horas, la campaña de Iván Cepeda ha estado en el centro del debate no solo por el audio en el que un jefe de las disidencias de las Farc pide votar por él, sino también por la abierta participación política de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez. La diplomática fue suspendida por la Procuraduría al incurrir en una prohibición constitucional. Los demás aspirantes a la Casa de Nariño han solicitado garantías y juego limpio, pues no es la primera vez que se alega la participación indebida de funcionarios del presidente Gustavo Petro.
El caso de la embajadora en Haití
En una entrevista con un medio haitiano, la embajadora Velásquez afirmó que Colombia ha cambiado positivamente durante el actual mandato y añadió que, aunque la reelección no está permitida, Iván Cepeda puede continuar el proyecto: "Tenemos un magnífico candidato, que es Iván Cepeda, del Pacto Histórico". Este pronunciamiento le valió la suspensión de su cargo hasta el 31 de mayo, por decisión del procurador Gregorio Eljach. El funcionario solicitó a la Cancillería la certificación laboral de la diplomática y comenzará conversaciones con el medio haitiano para obtener la entrevista completa y determinar si existen más irregularidades.
La reacción de Iván Cepeda
El candidato presidencial reaccionó al episodio y pidió a las autoridades iniciar una investigación disciplinaria: "En cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político". Esta misma frase la publicó en su cuenta de X semanas atrás, cuando se conocieron denuncias sobre la posible participación política de otros funcionarios para impulsar su campaña digitalmente.
Críticas al presidente Petro
Los señalamientos no solo han afectado a los funcionarios del Gobierno, sino que el propio presidente Petro ha sido objeto de críticas por sus enfrentamientos directos con candidatos a la Casa de Nariño y por los constantes guiños en sus intervenciones públicas a favor de su proyecto político. Los choques con Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) se han incrementado a medida que se acerca la cita electoral. Petro también ha cuestionado las decisiones de partidos políticos que no se han sumado a la campaña de Cepeda, como el Partido Liberal, que apoya a Valencia.
"Vi al Partido Liberal apoyar a 'Fico' (Gutiérrez), a (Rodolfo) Hernández, ahora a Uribe Vélez. Nunca apoyó las reformas sociales del pueblo. Parece que ahora alguna dirigencia liberal quiere enterrar la espada de El Libertador y apoyar los herederos de los esclavistas contra los herederos de los esclavos", dijo Petro. A esto se suman sus constantes críticas contra la Registraduría Nacional y el software electoral, que considera no genera suficientes garantías de transparencia al no conocerse el código fuente. El registrador Hernán Penagos ha afirmado que el código ha sido expuesto debidamente para que toda agrupación política lo revise y que el proceso es completamente transparente.
Reacciones de la oposición
"No hay garantías para competir en esta elección presidencial. Hay proselitismo armado, clientelismo e indebida participación en política del Gobierno Nacional. A esta altura no se han hecho debates con todos los candidatos, como corresponde en una democracia", dijo la candidata Claudia López (Imparables). La oposición también ve con recelo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Petro, pues en las calles hay cientos de personas recogiendo firmas y promoviendo las posturas del proyecto petrista que Cepeda espera continuar. Petro incluso compartió una cuenta bancaria para que sus simpatizantes donen dinero.
"Colombia necesita soluciones, conocimiento y trabajo permanente, no una peligrosa constituyente promovida con firmas y con plata. Quieren doblegar lo que queda de institucionalidad para organizar un régimen estatista que anule las libertades", afirmó Valencia.
El caso del ministro del Interior
Otro funcionario señalado por los opositores de estar participando en política es el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se ha defendido indicando que tiene clara la prohibición constitucional. Sin embargo, sus videos y su recurrente frase "que la muerte no vuelva a ganar" han estado en el centro de la controversia.
