Fedesarrollo y Uniandes exigen igualdad de prioridad entre equidad y crecimiento económico
En un informe especial titulado '¿Crecimiento o equidad? El enfoque que el próximo Gobierno debe corregir', Fedesarrollo y Economía Uniandes han emitido una advertencia contundente: la próxima administración debe diseñar una política pública que coloque a la equidad y al crecimiento económico en el mismo nivel de prioridad, con marcos regulatorios alineados a este objetivo dual.
Una visión integrada para superar décadas de estancamiento
Las instituciones precisaron que Colombia debe adoptar una visión donde equidad y crecimiento no sean objetivos en conflicto, ya que ambos dependen de una "transformación productiva que permita a los ciudadanos generar ingresos propios a través de empleos de calidad y actividades de alta productividad". Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, destacó que, aunque las políticas que promueven productividad son esenciales, no pueden operar en el vacío y requieren de una política pública integral que ofrezca condiciones y capacidades alineadas.
Este llamado es crucial porque el desempeño histórico del país ha mostrado un crecimiento lento "que lo mantiene con las mismas brechas de ingreso que tenía cincuenta años atrás frente a los países ricos". La desigualdad se refleja en las grandes diferencias entre los ingresos más bajos y todos los demás, así como en la falta de oportunidades para que los colombianos menos favorecidos accedan a actividades productivas.
La agudización de la desigualdad y la informalidad laboral
Las cifras revelan que, a partir de 2014, la desigualdad comenzó a intensificarse a medida que el crecimiento económico se desaceleró. Paralelamente, el descenso en la prevalencia de la pobreza se ralentizó desde ese mismo año. Fedesarrollo y Uniandes detallaron que "la relación entre organización productiva/laboral y la desigualdad/pobreza es evidente" en el tipo de actividades que realizan personas con más versus menos ingresos.
En comparación con los hogares de mayores ingresos, los de menores ingresos pasan la mayor parte del tiempo sin empleo. Cuando trabajan, "lo hacen mayoritariamente por cuenta propia o como empleados de negocios muy pequeños, de menos de cinco personas, sin afiliación al sistema de seguridad social contributivo, es decir, en la informalidad, y ganando menos del salario mínimo".
En el 25% de los hogares con ingresos bajos, el número de trabajadores es mucho menor que en el mismo segmento de hogares con ingresos altos, y casi todos son informales o trabajan por cuenta propia. "Los ocupados de los hogares en la parte más baja de la distribución (25% de menores ingresos) no solo son en su mayoría trabajadores por cuenta propia (88%), sino que los asalariados de este grupo se encuentran en negocios de menos de 5 trabajadores", puntualizaron.
La concentración en actividades de baja productividad
A esto se suma que la producción en Colombia está organizada en gran medida sobre tipos de producción que generan empleos con menores niveles de ingreso. Hay una alta participación de trabajo por cuenta propia o de empresas unipersonales en comparación con países de altos ingresos y otros pares de América Latina. Esta distribución es problemática porque implica que el país tiene su talento humano concentrado en actividades menos productivas.
Fedesarrollo y Economía Uniandes explicaron que este modelo prevalece debido a la persistencia de niveles bajos de productividad, entendida como cuánto valor se produce con los insumos, trabajo y capital disponibles. La productividad depende de:
- La calidad de las tecnologías empleadas para producir
- El tipo de bienes y servicios producidos
- El nivel de capital humano
- Los tipos de procesos empresariales
"Cuando los segmentos más masivos del capital humano y la mayor parte de las tecnologías disponibles son aptos solo para actividades de baja productividad, las empresas (uni o multipersonales) que surgen en ese ambiente no tienen la potencia para crecer", agregaron.
Regulación laboral y sus efectos contraproducentes
Por estas razones, advirtieron que la regulación laboral coloca a los empleadores en un panorama con costos más elevados que en otros países y, aunque busca ser garante de los derechos de los trabajadores, no resulta efectiva para proteger a la mayoría de empleados y a los más desfavorecidos. "Si los costos que impone influyen en la escasa creación de trabajos de calidad, entonces el diseño mismo de esa regulación está frenando su efectividad".
Una estrategia integral para el próximo gobierno
Todo esto conduce a que el próximo Gobierno deberá encontrar un punto de equilibrio entre el crecimiento y la política pública, dejando atrás enfoques fragmentados de competitividad, productividad o innovación. "Una economía inclusiva requiere que el país deje atrás estructuras que perpetúan los arreglos laborales de baja productividad, y adopte una estrategia de largo plazo orientada al crecimiento sostenible y a la movilidad social real".
El centro de pensamiento y la universidad establecen que no es posible alcanzar esta meta si:
- Se invierte en innovación pero no se transforma el marco regulatorio, porque dificulta que las nuevas capacidades prosperen
- Se mejora la regulación pero no se invierte en el fortalecimiento de habilidades de la población trabajadora, olvidando a quienes están lejos de integrarse productivamente
"La transformación productiva debe concebirse como un proyecto nacional que articule educación, innovación, regulación, financiamiento e infraestructura", recalcaron. Para ello, la administración debe propender por evidenciar y minimizar contradicciones entre la transformación productiva con inclusión.
Finalmente, resulta indispensable incorporar una política antimonopolio y de institucionalidad para defender la competencia. "Una institucionalidad de competencia que funcione bien es crucial para preparar al sector productivo para competir en los mercados internacionales. También lo es para contener la concentración del poder económico", enfatizaron.
