La reciente suspensión de encuestas por parte de la firma GAD3 y el cerco legal que enfrenta este sector tras la polémica de Atlas Intel, debido a un informe técnico de una comisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), han generado una situación que podría terminar en que el país se quede sin información de preferencias de voto en la recta final de las elecciones presidenciales. Así lo advierte Víctor Muñoz, cofundador de la firma Guarumo, quien eleva el nivel de alerta por las implicaciones de esta situación para la democracia colombiana.
¿Qué hay detrás de las investigaciones del CNE a las encuestadoras?
Desde que la Comisión Técnica del CNE expidió una resolución reglamentando la forma de realizar las encuestas, el 27 de febrero de este año, el volumen de información que se viene solicitando a las firmas encuestadoras ha sido complejo y alto. Entendemos el propósito de la ley y la respetamos, pero creo que el mensaje que ha entregado una firma como GAD3 preocupa. Solamente cinco firmas estamos publicando información de manera recurrente de cara al proceso electoral y con la salida de GAD3 quedaríamos cuatro, de las cuales tres son colombianas.
No es un secreto que a todas nos han llegado requerimientos y observaciones, y la pregunta es si todo esto va a terminar en que básicamente ninguna firma podrá publicar por investigaciones en el Consejo Nacional Electoral, lo cual no favorece la democracia.
El choque entre la auditoría del CNE y Atlas Intel por el tema tecnológico
Los dos tienen la razón. Atlas Intel tiene una tecnología novedosa que ha sido probada en diferentes lugares del mundo y ha tenido buenos resultados. Lo mismo que GAD3, que en Europa es muy reconocida y con excelentes resultados. Esto nos lleva a una reflexión: si lo que definió la ley (que el mecanismo de muestreo debe ser probabilístico y que todos tengan la misma posibilidad de ser seleccionados, en lo que el CNE tiene razón cuando hace algunos planteamientos) se cumple o no a través de los medios digitales o del universo de teléfonos que se tenga.
Los encuestadores enfrentan desafíos jurídicos de cara a elecciones. Lo que dice Atlas Intel es que no puede ser que Colombia sea el único país donde no se pueda utilizar la tecnología ni la metodología, pese a que funciona en todo el mundo y ha funcionado en el pasado en Colombia. Eso nos puede llevar a que solo exista un mecanismo de recolección presencial.
La percepción del CNE
Entiendo a los comisionados que dicen: yo tengo que cumplir la ley porque quedó escrita así. Entonces el problema de fondo es la ley y hoy los comisionados le están dando una interpretación que en algunos puntos considero que también se han excedido. Es parte de una discusión jurídica a la que nos vamos a ver abocados todos en los próximos meses.
Desafortunadamente, esta ley no contó con el concurso de las firmas encuestadoras, no fue un debate público ni abierto, ni con debates regionales ni audiencias públicas.
¿Se parece a lo que pasó con las apps de movilidad?
Tiene razón y no podemos olvidarnos de que la tecnología avanza. Esto es como pretender que en el mundo los censos sean el único mecanismo para recolectar información de todo un país y que los registros administrativos, algo en lo que ya se innovó hace un par de décadas, no fueran válidos. Hasta los mismos institutos de estadística en el mundo han venido evolucionando y la forma en que capturan y miden la información, pues es claro que no podemos estar de espaldas a la evolución tecnológica.
Estamos esperanzados en que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la ley misma, porque una ley que no contempla el uso de nuevas tecnologías en sus procesos definitivamente puede privar al país de tener acceso a información y a nuevos esquemas de medición.
La línea fina entre sondeo y encuesta
La definición de cómo se hace una encuesta es clara sobre el proceso de utilizar un modelo probabilístico para escoger las personas, y en este caso tiene que provenir del censo electoral, tomando en cuenta regiones, municipios, estratos, manzanas y hogares. Cuando no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser escogidas y dependen de ser parte de un clúster o de acceso a través de una plataforma digital, el Consejo Nacional Electoral es muy claro y no calificaría dentro del mundo de encuesta.
Ahora bien, la pregunta es si los sondeos deben o no estar restringidos y cuál es el criterio para hacer ese tipo de restricción. La ley hoy por hoy lo restringió y entiendo que en este caso el CNE y los expertos de la mesa técnica están aplicando lo que dice la teoría. Esperaría que la Corte Constitucional tumbe la ley, pero si eso no sucede, sí creo que la ley debe ser enmendada. La discusión de fondo no es si es sondeo o encuesta, sino si realmente ese es el deber ser de la reglamentación sobre encuestas en Colombia.
¿Es válido diseñar un modelo digital para zonas rurales?
La discusión tiene que ver con la muestra probabilística, la representatividad, el margen de error, el diseño, la ponderación y la supervisión. No simplemente por tener un formulario o exponerlo para que sea consultado es suficiente. Se necesita que el diseño de la muestra sea probabilístico y que la posibilidad de tener la representación del país obedezca a este diseño, que en nuestro caso lo hace el experto en estadística.
Comparto que una encuesta en redes sociales no es representativa, tiene sesgo y puede ser manipulada o tener bots, pero sobre el mecanismo que Atlas presenta, ellos han manifestado todos los controles que hacen para evitar eso. El mensaje es que uno no puede cerrarse a un único mecanismo de recolección de información y a un único proceso. La parte telefónica de GAD3 o la parte digital de Atlas y cualquier otra que haya en el mundo, que haga innovación, son susceptibles de ser tomadas en cuenta y de ser analizadas técnicamente.
¿Hay que ajustar esta ley?
Esperaría que la Corte Constitucional tumbe la ley, pero si eso no sucede, sí creo que la ley debe ser enmendada. Los mismos comisionados, que son los expertos que asesoraron al Consejo Nacional Electoral, en la última sesión de hace unas semanas decían que, por ejemplo, cuando se hace el análisis regional de lo que dice la ley, es muy compleja en su cumplimiento. Somos una de las firmas que, después de las elecciones presidenciales, no tengo muy claro si deseamos hacer encuestas para alcaldes y gobernadores en un año, porque la forma en que están, el 20 % que exige por departamento y las proporciones, realmente van a ser casi que imposibles en términos de costos y seguridad cumplirlas.
Riesgos reputacional y regulatorio
En general, las redes sociales han exacerbado y polarizado todos los datos. Me da risa porque cuando uno mira las redes sociales, a usted lo acusan de comunista, de facho, de vendido al establecimiento. Es decir, no hay un número que salga donde usted pase de una manera tranquila porque siempre hay algún grupo que lo está atacando. Lo segundo, y es muy importante, es que las encuestas no predicen votaciones, pero obviamente uno busca estar muy cercano a la fotografía del momento específico en que se toma la información, entonces siempre nos estamos jugando la reputación frente a los resultados finales. Lo más importante en una empresa encuestadora es su reputación, cómo fueron esos resultados finales versus el tracking y los datos que habían venido entregando.
Abordaje del tema jurídico
Hay que mencionar que la avalancha de información que se pide a las encuestadoras y seguramente las investigaciones que vendrán, porque ha sido realmente imposible cumplir todos los requerimientos de lo que ha pedido la Comisión Técnica, están llevando a que esto se vea en un ámbito legal y en ese ámbito legal revisar hasta dónde tenían competencia o no para la interpretación de la ley. Hoy es complejo; estamos en una presión muy fuerte frente al tema jurídico y en lo reputacional nos estamos jugando el próximo 31 de mayo y después en segunda vuelta. Para poder cumplir la ley tenemos que revisar si los tiempos nos dan, porque si los tiempos no nos dan para cumplir la ley, pues no habría encuestas.
Exigencias para la segunda vuelta
El tema es complejo porque, por los tamaños de muestra que se tienen ahora, el trabajo de campo puede estar durando entre 10 y 12 días. El 31 va a salir el resultado y el primero de junio se debería iniciar trabajo de campo, con un tema que a mí no me gusta, y es que el primero la gente todavía no va a haber asimilado del todo los resultados. Entonces, por los tamaños de muestra, por todo lo que se está exigiendo, vamos a estar como en el límite para ver si logramos publicar para segunda vuelta. Para poder cumplir la ley tenemos que revisar si los tiempos nos dan; si no, no habría encuestas.
Desincentivo para el mercado si no cambia la ley
De acuerdo con cómo está la ley, no hay un incentivo para hacer mediciones en alcaldes y gobernadores. Entonces, lo que podría decir es que existe un riesgo de que puedan ser dos, máximo tres firmas, con lo cual se generaría una concentración de información. Lo segundo es que solo las campañas o los grupos económicos que tengan dinero podrán pagar encuestas internas, entonces no significa que ellos no tengan información, sino que los que no tendrán información son los ciudadanos. Y lo tercero, evidentemente una democracia sin información es una democracia en riesgo. Esto lo advertimos cuando salió la ley, pues ya estamos viendo en la realidad qué está pasando. Uno quisiera tener más datos, más mediciones de lo que está pasando en Colombia.
