La muerte de Judith Nery Arango Castro en Barranquilla ha vuelto a poner en el centro del debate la grave crisis que enfrenta Nueva EPS en la región Caribe. Lo que comenzó como un cuadro médico tratable terminó en tragedia familiar, con denuncias por demoras administrativas y barreras en la atención que afectan a cientos de usuarios en la capital del Atlántico.
Una espera que terminó en tragedia
Judith Arango ingresó inicialmente a una clínica del sur de Barranquilla con fuertes dolores abdominales. El diagnóstico médico confirmó que requería una intervención especializada debido a perforaciones ocasionadas por cálculos en la vesícula y complicaciones en el páncreas. Según el relato de sus familiares, la Clínica Murillo brindó atención dentro de sus capacidades y mantuvo informados a los allegados sobre la evolución del cuadro clínico. Sin embargo, los médicos dependían de la autorización y asignación de un cupo hospitalario por parte de Nueva EPS para poder remitirla a una institución de cuarto nivel.
Con el paso de los días, la condición de Judith empeoró. Pasó de estar consciente y estable a requerir manejo en cuidados intensivos debido a una falla sistémica que finalmente le provocó un paro cardíaco. “Los médicos nos decían que ella estaba estable, que ya iba a salir el traslado, que tuviéramos paciencia, pero Judith se nos fue”, relató Jackeline Osorio, cuñada de la paciente, quien aseguró que ni siquiera mediante derechos de petición lograron acelerar el procedimiento. La familia anunció acciones legales contra Nueva EPS por presunta negligencia administrativa en la gestión del traslado médico.
La Personería prende las alarmas
El caso de Judith no es un hecho aislado. Según cifras entregadas por la Personería de Barranquilla, solo entre enero y mayo de este año la Oficina de Salud atendió 4.514 reclamaciones relacionadas con problemas de acceso al sistema sanitario. De ese total, 2.683 correspondieron a gestiones adelantadas directamente ante entidades del sistema de salud y 1.831 fueron atenciones ciudadanas mediante digiturno.
El panorama se vuelve más crítico cuando se revisan las cifras asociadas a Nueva EPS. La Personería indicó que de las 757 tutelas presentadas este año para reclamar medicamentos, procedimientos y atención especializada, el 67 por ciento involucra a esa entidad. El personero distrital, Miguel Ángel Alzate, reconoció que la situación evidencia un deterioro profundo en la capacidad de respuesta del sistema.
Medicamentos, tutelas y órdenes de arresto
El informe de la Personería también expone que la mayoría de las reclamaciones están relacionadas con barreras para la entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos médicos. Solo contra Nueva EPS se contabilizan alrededor de 513 acciones de tutela vinculadas principalmente con incumplimientos en el suministro de tratamientos y medicamentos esenciales.
La gravedad del panorama quedó reflejada además en las decisiones judiciales derivadas de desacatos. La Personería confirmó que durante este año ya se han emitido más de 40 órdenes de arresto contra representantes legales de entidades de salud por incumplir fallos judiciales. El dato más delicado es que cerca del 70 por ciento de esas órdenes involucran a funcionarios relacionados con Nueva EPS en Barranquilla.
El organismo de control señaló además que una de las causas de la crisis tiene relación con la ausencia de convenios vigentes entre la EPS y varias IPS, así como la sobredemanda de pacientes en las instituciones que sí mantienen contratos activos. Mientras avanzan las investigaciones y crecen las reclamaciones, la muerte de Judith Arango sigue resonando entre usuarios y defensores del derecho a la salud como una muestra de las consecuencias que pueden tener las demoras administrativas dentro del sistema.
