Nunca será un buen momento para adelantar un proceso de actualización de una base de datos que sirva, directa o indirectamente, para el cobro de impuestos. Los ciudadanos siempre, y en Colombia con mayor razón debido a la corrupción, reaccionan con molestia frente a cualquier incremento tributario, tenga o no una justificación técnica.
El mayor proceso de actualización catastral en décadas
Para el periodo 2025-2026, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) adelantó el proceso de actualización catastral multipropósito más amplio de las últimas décadas. En la mayoría de los municipios no se había realizado una actualización desde hace 16 años, pese a que la normatividad establece que este ejercicio debería hacerse cada cinco. Como suele ocurrir, el mayor rezago se concentra en las zonas rurales, donde también se concentra la pobreza tanto monetaria como multidimensional.
El peor momento: cruce con el calendario electoral
Ahora bien, si nunca hay un buen momento para este tipo de procesos, sí existe el peor momento posible, y es cuando las actualizaciones se cruzan con el calendario electoral. En ese contexto, la desinformación comienza a circular con el objetivo de generar malestar social y capitalizarlo en las urnas, a costa de la credibilidad institucional.
Rumores y desinformación sobre el Sisbén
Uno de los rumores que circuló con fuerza durante las protestas ciudadanas señalaba que el Sisbén se apoyaría directamente en la actualización catastral realizada por el IGAC y que, como consecuencia, se retiraría a muchas familias de los programas sociales por el simple aumento en el avalúo de sus predios. En un país con altos niveles de pobreza y con décadas de desactualización catastral, la alarma no tardó en expandirse.
Sin embargo, merece la pena recordar que el catastro cumple la función de inventariar los predios, su uso y su valor, con el fin de que los municipios cobren el predial. El Sisbén, en cambio, clasifica a personas y hogares de acuerdo con sus condiciones de vida, apoyándose en el Registro Universal de Ingresos y no en el valor de la propiedad.
Propiedad no es sinónimo de exclusión
Tener una propiedad, y menos aún una propiedad rural, no es sinónimo de exclusión de los programas sociales. Solo lo sería en la medida en que ese bien genere rentas, como ocurre cuando un predio se arrienda. El Registro Universal de Ingresos mide ingresos laborales (salarios, honorarios o independiente), así como ingresos no laborales (pensiones, rentas o intereses). La posesión de un bien, por sí sola, no saca a una familia de la pobreza. Por ello, quienes han sido beneficiarios de ayudas probablemente continuarán siéndolo.
Conclusión: no erosionar la confianza institucional
Para concluir, aunque las noticias falsas se hayan vuelto un recurso recurrente en la disputa política, no vale la pena erosionar la confianza en las instituciones, menos cuando se aspira al poder. La legitimidad no proviene únicamente de las urnas, también se cimenta en las instituciones, cuyo valor desaparece cuando se les vacía de contenido.
