El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue enviado a prisión por orden de la juez 52 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá, en el marco de un proceso por corrupción. La medida se adoptó luego de que la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentara pruebas que lo vinculan con la exigencia de una millonaria coima para autorizar una licencia de construcción.
Los hechos que originaron la investigación
La investigación comenzó hace tres semanas, cuando se denunció que el mandatario habría solicitado un soborno del 20% a una empresaria de la constructora San Jacinto de Nelvic, a cambio de agilizar el trámite de una licencia de construcción en la vereda El Roble. La obra, iniciada en 2022 por la familia Solarte, reconocidos empresarios nariñenses, había sido autorizada inicialmente para 552 metros cuadrados, pero según la denuncia, la construcción supera los 5.200 metros cuadrados, incluyendo cabañas, capilla, auditorio, teatro, lagos, piscina y pesebreras de dos pisos.
Audios comprometedores
Según el expediente, existen audios en los que se escucha al alcalde ofreciendo aprobar la licencia a cambio de un 20% del valor de la obra, así como la exigencia de contratar a un amigo suyo con un salario de 13 millones de pesos mensuales. En una conversación del 4 de marzo, Gamboa habría hecho la propuesta a la empresaria, quien se negó al día siguiente. En una llamada posterior, el 6 de marzo, el alcalde se habría mostrado arrepentido, pero cinco días después, el 11 de abril, la Inspección Segunda de Policía impuso una multa de 232 millones de pesos a la empresa y ordenó la demolición de parte de la obra.
Captura y defensa
La captura del alcalde se efectuó el 7 de mayo, frente al edificio administrativo y el museo Acuña, en la plaza principal de Villa de Leyva, ante la mirada de turistas y residentes. La Fiscalía lo imputó por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por acción. La defensa, encabezada por el penalista Ricardo Burgos, ha negado las pruebas y solicitó el cotejo de voces, alegando que se trata de un montaje de la constructora como retaliación por la sanción y orden de demolición.
El alcalde permanecía detenido desde el 7 de mayo en el búnker de la Fiscalía, y ahora continuará privado de la libertad en un centro carcelario mientras se desarrolla el proceso judicial.
