Asocajas expresó su preocupación por la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico, ordenada por la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026. La asociación hizo un llamado al respeto del debido proceso y de las garantías constitucionales, al considerar que la decisión se adopta en un contexto de incertidumbre jurídica sobre el régimen aplicable a las cajas de compensación familiar.
Medida de intervención y cuestionamientos jurídicos
La medida ordenada por la Superintendencia incluye la intervención total de Comfamiliar Atlántico y la remoción de su director administrativo, del Consejo Directivo y de la Revisoría Fiscal. Frente a esa decisión, Asocajas señaló que le preocupa la adopción de una medida de esta naturaleza en medio de un debate jurídico sobre las facultades de intervención administrativa de la entidad de vigilancia y control.
El comunicado de Asocajas centra su posición en la necesidad de que cualquier actuación de intervención se adelante con garantías constitucionales y legales. La asociación recordó que la Corte Constitucional declaró inexequibles las normas que regulan las facultades de intervención administrativa de la Superintendencia del Subsidio Familiar, al considerar que no establecen con suficiente claridad sus condiciones de aplicación.
Vacíos normativos y llamado a la proporcionalidad
Según Asocajas, esa decisión de la Corte tuvo en cuenta que las normas no definían las causales, los procedimientos, la duración ni las garantías que deben rodear una medida de esta magnitud. Para la asociación, esos vacíos afectan principios como la reserva de ley, el debido proceso y el derecho de defensa, especialmente cuando se trata de una intervención administrativa total.
Aunque la Corte difirió los efectos de su decisión hasta junio de 2027 para que el Congreso expida un nuevo régimen, Asocajas sostuvo que el alto tribunal dejó planteados unos postulados mínimos que deben tenerse en cuenta en estos procedimientos. También recordó que la Corte hizo un llamado a fortalecer las garantías constitucionales que deben regir este tipo de actuaciones administrativas.
En ese punto, la asociación afirmó que “preocupa que se sigan ejerciendo facultades de intervención total con fundamento en regulación declarada contraria a la Constitución”. La frase recoge el eje jurídico del comunicado: si bien el régimen sigue produciendo efectos de manera temporal, su aplicación debe observar mayores estándares de motivación, defensa y proporcionalidad.
Precedentes judiciales recientes
Asocajas también citó antecedentes judiciales recientes que, según señaló, deben ser considerados en el caso de Comfamiliar Atlántico. La asociación mencionó que, con posterioridad a la Sentencia C-298, la Superintendencia ordenó las intervenciones administrativas totales de Comfanorte y Comfamiliar Risaralda, decisiones que fueron revocadas por los tribunales de Norte de Santander y Risaralda.
De acuerdo con el comunicado, esas revocatorias se produjeron al advertirse vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa. Para Asocajas, estos precedentes evidencian la necesidad de que las actuaciones de intervención administrativa total observen con rigor las garantías constitucionales y legales, dado el impacto que tienen sobre los órganos de dirección, administración y control de una caja de compensación.
Impacto de la intervención total
La asociación explicó que la intervención administrativa total es la medida más intensa prevista en el ordenamiento, porque supone la separación inmediata y definitiva de los órganos directivos, administrativos y de control de una Caja de Compensación Familiar. En su lugar, la administración queda a cargo de un agente especial, quien, según el comunicado, será objeto de un contrato laboral a término indefinido.
En el caso específico de Comfamiliar Atlántico, Asocajas indicó que resulta indispensable que las autoridades expliquen de manera suficiente las razones por las cuales se acudió a una intervención total y definitiva, y no a medidas graduales o menos lesivas. La asociación vinculó esa solicitud con criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la Corte Constitucional.
El comunicado también plantea que una decisión de esta naturaleza exige que el derecho de defensa pueda ejercerse específicamente frente a la medida de intervención. Según Asocajas, esa garantía no debería limitarse únicamente a las actuaciones ordinarias de inspección o vigilancia, sino referirse de forma concreta a la decisión de intervenir totalmente la caja.
Tendencia preocupante en el sistema de subsidio familiar
Asocajas advirtió que la intervención de Comfamiliar Atlántico profundiza una tendencia que preocupa al Sistema del Subsidio Familiar. Según la asociación, esta decisión se suma a las 10 cajas de compensación familiar que están intervenidas y cuya administración se encuentra a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
El comunicado señala que algunas de estas medidas han sido prorrogadas durante el actual Gobierno y se han extendido por ocho, seis y cuatro años. Para Asocajas, esa situación implica la sustitución prolongada de los órganos de dirección, administración y control elegidos conforme al modelo de gobernanza previsto en la ley, por agentes especiales designados por la Superintendencia.
La asociación sostuvo que esa dinámica genera preocupación porque altera, durante periodos prolongados, el esquema de administración paritaria que caracteriza al Sistema del Subsidio Familiar. Ese modelo, según el comunicado, está construido sobre la participación de empresarios y trabajadores en el gobierno de las cajas de compensación familiar.
Solicitud de acompañamiento de la Procuraduría
Ante la trascendencia institucional del caso, Asocajas solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación. La asociación pidió que ese organismo verifique que se garantice el respeto por la legalidad, el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas en la intervención de Comfamiliar Atlántico.
En el cierre del comunicado, Asocajas reiteró que el fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar requiere autoridades con plenas facultades para ejercer inspección, vigilancia y control. Sin embargo, señaló que esas facultades deben operar dentro de un marco jurídico claro que garantice la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa.
