En un operativo realizado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, acusado de solicitar una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia de urbanismo y construcción. La detención se produjo en el marco de una investigación que incluye pruebas contundentes como un audio donde, presuntamente, el mandatario detalla el reparto del dinero entre distintas dependencias municipales.
Audio clave en la investigación
Según información entregada por las partes intervinientes en el proceso, el material auditivo fue aportado por María Solarte Daza y José Alejandro Herrera, representante legal del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. En la grabación, el alcalde explicaría que el dinero solicitado sería distribuido entre inspectores, funcionarios de Planeación del municipio y otros posibles involucrados. La presunta exigencia económica estaría vinculada a una licencia cuyo valor rondaría los 480 millones de pesos.
Detalles de la captura
En las próximas horas, Gamboa será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura y para que la Fiscalía sustente la imputación de cargos por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Además de la captura del alcalde, las autoridades realizaron diligencias de registro personal autorizadas por un juez contra Luis Fernando Cárdenas Rico, secretario de Planeación; William Yesid Molina García, inspector segundo de Policía, y un particular vinculado a la investigación.
Incautación de dispositivos
Durante estos procedimientos fueron incautados dispositivos celulares que ahora serán analizados dentro del proceso penal, con el propósito de establecer posibles comunicaciones o elementos de prueba relacionados con las presuntas exigencias ilícitas denunciadas.
Negación del alcalde
En su llegada al búnker de la Fiscalía en Bogotá, el mandatario negó las acusaciones relacionadas con supuestas coimas para facilitar trámites urbanísticos en el municipio. “No soy quien da licencia, yo no doy licencia de construcción”, afirmó ante los medios de comunicación.
La Fiscalía sostiene que, antes de las presuntas exigencias económicas, el alcalde habría incurrido en actuaciones irregulares relacionadas con el uso de su cargo, como solicitar la contratación de una persona conocida, pedir aumentos salariales y, finalmente, requerir dinero.
