El Consejo de Estado declaró responsable al Estado por la violencia sexual cometida por un soldado del Ejército Nacional contra una niña indígena del pueblo wiwa, de 13 años. El alto tribunal concluyó que el crimen no fue un hecho aislado del uniformado, sino una grave violación de derechos humanos vinculada directamente con el servicio militar. La decisión de segunda instancia también advirtió fallas en la cadena de mando por no prevenir el riesgo, pese a las alertas sobre el comportamiento del militar involucrado.
Los hechos y el impacto cultural
Los hechos ocurrieron en 2009, cuando un soldado ingresó a la finca de una familia indígena del pueblo wiwa y violó a la menor. En ese momento, ella se encontraba en proceso de formación para convertirse en saga, una figura importante del pueblo wiwa por su rol espiritual, social y político como transmisora de la sabiduría ancestral. Tras el abuso, no pudo continuar con el proceso debido a las creencias de su pueblo. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompañó el proceso durante 17 años, señaló que el abuso no solo afectó su vida personal, sino también la transmisión cultural del pueblo indígena.
El fallo judicial
En el fallo, el alto tribunal sostuvo que el Estado debía responder porque el uniformado utilizó el poder y la investidura militar para cometer el crimen. Aunque en 2018 un tribunal administrativo había condenado al Ejército y ordenado medidas de reparación integral, en diciembre de 2024 el Consejo de Estado revocó esa decisión al considerar que la demanda había sido presentada fuera del plazo legal. Sin embargo, tras una tutela presentada por el Cajar, la Sección Quinta dejó sin efectos ese fallo y ordenó emitir una nueva decisión con enfoque diferencial étnico y de género.
Medidas de reparación
En la nueva sentencia, el Consejo de Estado inaplicó la caducidad de la demanda y reconoció la responsabilidad patrimonial del Ejército. Además, ordenó medidas de reparación como acompañamiento psicológico a la víctima, un acto público de reconocimiento ante el pueblo wiwa y programas permanentes de capacitación para integrantes de las Fuerzas Militares sobre derechos de las mujeres, niñas y comunidades indígenas.
Gravedad de la violencia sexual por parte de la fuerza pública
El alto tribunal subrayó que los casos de violencia sexual cometidos por integrantes de la fuerza pública tienen una gravedad especial porque quienes están llamados a proteger a la población terminan convirtiéndose en agresores. También advirtió que las barreras judiciales y el paso del tiempo no pueden convertirse en obstáculos para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de menores de edad y comunidades indígenas históricamente vulnerables.
