Denuncia política reaviva debate sobre ética pública y vinculaciones familiares en el Estado
Una acusación formal presentada por figuras políticas de oposición ha puesto nuevamente en el centro del debate nacional los temas de transparencia y conflictos de interés en la administración pública. La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, enfrenta señalamientos por presuntas adjudicaciones contractuales a familiares cercanos que superarían los novecientos millones de pesos.
Los señalamientos específicos de los candidatos
La candidata al Senado Jennifer Pedraza y el aspirante a la Cámara Germán Ricaurte presentaron documentación que, según afirman, evidencia un patrón de contratación estatal dirigido hacia el núcleo familiar de la ministra. Pedraza detalló en sus redes sociales que la madre de Kadamani, Alexandra Fonrodona, habría suscrito seis contratos que suman aproximadamente seiscientos millones de pesos durante el actual gobierno.
"No solo es el hermano. La mamá de la ministra ha recibido seis contratos que suman casi $600 millones en este gobierno. Solo tres de ellos, firmados en enero de este año, representan $313.846.667", declaró la candidata, quien además señaló contratos por $383.695.900 adjudicados poco antes del inicio de la Ley de Garantías.
Los documentos presentados muestran un crecimiento significativo en los montos contractuales: en 2023 se registró un contrato por $48.000.000; en 2024 ascendió a $92.000.000 (incremento del 52%); y en 2025 alcanzó los $141.180.590 distribuidos en tres contratos (aumento del 65% respecto al año anterior).
La defensa de la ministra Kadamani
Frente a las acusaciones, la titular de la cartera de Cultura emitió un comunicado oficial negando categóricamente cualquier intervención o influencia en los procesos de contratación que involucraron a sus familiares. "Actuaron de manera independiente y las vinculaciones se ajustan plenamente a la normativa vigente", afirmó la funcionaria.
Kadamani explicó que las restricciones por parentesco solo aplican cuando el funcionario ejerce autoridad o control directo sobre la entidad contratante, situación que, según su versión, no se presenta en estos casos específicos. Añadió que las entidades involucradas en los contratos -Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud- no forman parte del sector bajo su responsabilidad ministerial.
La ministra destacó que sus familiares son profesionales con trayectoria propia y que cualquier ciudadano puede participar en procesos contractuales conforme a la ley. Además, aseguró haber declarado los parentescos en el sistema oficial del Estado y que no existe conflicto de interés alguno que reportar.
Detalles de los contratos de enero de 2026
Los documentos revelan tres contratos específicos suscritos por Alexandra Fonrodona en enero de 2026, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías:
- Contrato por $126,5 millones con la Superintendencia Nacional de Salud para servicios estratégicos de comunicación institucional, mediante contratación directa.
- Contrato por $70,68 millones con el Ministerio del Interior para apoyar la Dirección de Asuntos Religiosos, especialmente en difusión de política pública sobre libertad religiosa.
- Contrato por $116,6 millones con el Ministerio de Salud para asistencia técnica en estrategias de comunicación de proyectos priorizados.
Estas adjudicaciones han reabierto el debate sobre las prácticas de contratación en las semanas previas a períodos electorales, cuando rigen restricciones especiales conocidas como Ley de Garantías. La polémica se enmarca en un contexto más amplio de críticas a contrataciones estatales masivas antes de la implementación de estas normas restrictivas.
