La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, presentó una recusación contra la jueza especializada de Bogotá que lleva su caso, argumentando una enemistad clara que compromete la imparcialidad del tribunal. El abogado solicitó que la jueza se aparte del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Fundamentos de la recusación
El recurso se basa en presuntas faltas de garantías procesales durante la etapa de juicio. Según el abogado, en las audiencias se han generado tensiones significativas que afectaron a su defendida. “Ustedes vieron la forma en que se constriñó a Sandra Ortiz hasta el punto de llevarla a las lágrimas. Incluso, bajo esa presión moral, llegó a decir: ‘si quiere condéneme de una vez’”, afirmó el defensor.
La defensa sostiene que Ortiz fue sometida a un nivel de presión que la llevó a llorar en plena diligencia judicial, lo que refleja la falta de condiciones mínimas para ejercer su derecho a la defensa. “Para que una persona se exprese de esa manera ante un juez es porque está siendo afectada en lo más profundo de su integridad, en un escenario que roza la humillación”, concluyó el abogado.
Antecedentes del caso
Sandra Liliana Ortiz Nova permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, en el norte de Bogotá, desde diciembre de 2024. Su defensa ha intentado en varias ocasiones lograr la revocatoria de la medida de aseguramiento.
El primer intento fue una acción de tutela radicada el 18 de febrero de 2025 ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, declarada improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Las solicitudes de libertad del 31 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026 fueron negadas por el Juzgado 79 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá.
El abogado Camacho Fernández señaló en una audiencia de abril: “El procedimiento no ha avanzado conforme a los términos que establece la ley. Por eso estamos solicitando a la jueza que evalúe de manera objetiva los tiempos y reconozca el derecho a la libertad de mi clienta”.
Delitos imputados
El proceso contra Ortiz gira en torno a los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La Fiscalía la considera una pieza clave en la red de corrupción de la Ungrd. Según la acusación formal del 24 de enero de 2025, el 12 de octubre de 2023 Ortiz habría recibido una maleta con 1500 millones de pesos, entregada por los exdirectivos Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez en un apartamento del centro de Bogotá.
Estos recursos habrían sido utilizados para facilitar la aprobación de reformas legislativas, con pleno conocimiento de su origen en fondos de la Ungrd. Además, la Fiscalía sostiene que Ortiz intermedió en la entrega de 4000 millones de pesos en sobornos a dirigentes del Congreso, reforzando su papel central en la red de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.
