Una denuncia pública reveló que la sociedad Health and Life Mechanic S.A.S., operadora de la cadena de gimnasios HyL, enfrenta procesos ejecutivos por presuntas deudas superiores a $5.200 millones, según expedientes que cursan en juzgados civiles de Bogotá. Los acreedores denuncian posibles maniobras para evadir obligaciones financieras, proteger activos y dificultar embargos, mientras la compañía continúa promocionando su expansión con sedes en Bogotá y Villavicencio.
Origen de las reclamaciones judiciales
Las reclamaciones tendrían origen en el presunto incumplimiento de créditos, cánones de arrendamiento de locales comerciales y deudas relacionadas con la compra de maquinaria especializada para entrenamiento. Parte de los equipos instalados en los gimnasios habría sido adquirida con recursos financiados por los mismos acreedores, pero hoy estaría fuera de su alcance por aparentes cambios de titularidad.
Según los denunciantes, la empresa habría mantenido su operación y expansión pese a los requerimientos de pago, y los recursos obtenidos habrían sido destinados a una estrategia de crecimiento que genera dudas sobre la sostenibilidad financiera del modelo operativo.
Presuntas empresas espejo y duplicidad de registros
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la posible existencia de una estructura de sociedades relacionadas. En los expedientes se menciona una empresa llamada Machines Health and Life S.A.S., cuya representante legal sería Lina María Rodríguez Gutiérrez, persona con vínculo personal con Christian David Herrera Bernal, señalado como socio principal de Health and Life Mechanic S.A.S.
Para algunos demandantes, esto evidenciaría una estrategia orientada a desviar recursos y dificultar eventuales embargos judiciales. El documento también habla de una presunta duplicidad de registros mercantiles mediante la creación de sociedades con razones sociales muy similares a la original, variando el orden de las palabras entre Health and Life Mechanic S.A.S. y Machines Health and Life S.A.S.
Carlos Julián Laverde, coordinador jurídico de Estructuración S.A.S., una de las partes acreedoras, afirmó que lo ocurrido sería “la evidencia de una maniobra estructurada para defraudar a la sociedad de estructuración y ocultar el patrimonio de una empresa deudora”. Según su relato, la firma acreedora logró que se profirieran embargos y se registraran medidas cautelares sobre establecimientos de comercio de Health and Life Mechanic S.A.S. No obstante, el abogado sostiene que, antes de esos embargos, los responsables habrían ejecutado maniobras para “burlarse de la justicia y de los acreedores”.
Sedes con doble registro y expansión bajo la lupa
La denuncia menciona sedes específicas donde se habría presentado una duplicidad registral, entre ellas Santa Matilde, Morelia, Buenos Aires, 109, 162 y Prado. Laverde aseguró que “todas estas sedes hoy tienen una doble matrícula para evadir la ley”, frase que debe entenderse como parte de la postura del denunciante dentro del conflicto judicial.
El material agrega que este patrón tendría antecedentes: en 2024, el establecimiento de comercio ubicado en el sector de Roma, que inicialmente operaba bajo la marca HyL, modificó su registro mercantil a la denominación Olimpicus Gym. Para algunos expertos legales citados en el documento, ese cambio podría interpretarse como una maniobra para proteger activos y clientela frente a reclamaciones judiciales.
A pesar de los procesos ejecutivos, la cadena continúa promocionando su crecimiento por medio de página web y redes sociales. Actualmente, según el material entregado, opera siete gimnasios entre Bogotá y Villavicencio y anuncia la próxima apertura de una nueva sede en el Centro Comercial Centro Mayor.
Posibles consecuencias legales
El caso abre la puerta a una discusión sobre responsabilidad empresarial. El material recuerda que la Ley 1258 de 2008 contempla la posibilidad del levantamiento del velo corporativo cuando se prueben conductas dolosas. Esta figura permite que, en determinados casos, la responsabilidad por las deudas no se limite al patrimonio de la sociedad, sino que alcance los bienes personales de socios o administradores.
Sin embargo, ese punto dependerá de lo que establezcan las autoridades competentes. Con la información disponible, no se puede afirmar que exista una decisión judicial definitiva sobre fraude, ocultamiento patrimonial o evasión de embargos. Lo que hay son procesos ejecutivos, denuncias de acreedores y señalamientos que deberán ser valorados por la justicia.
