La sombra de Gregorio Eljach sobre la Jurisdicción Especial para la Paz
A pesar de que los círculos políticos y mediáticos colombianos conocen ampliamente la trayectoria y el carácter de Gregorio Eljach, pocos se atreven a cuestionar abiertamente las maniobras que le permitieron ascender desde auxiliar de un senador tradicional hasta convertirse en un funcionario de gran poder. Hoy, se presenta como una suerte de faro moral para el país, aunque es de dominio público que sus decisiones suelen estar más influenciadas por lealtades clientelistas y personales que por las obligaciones éticas hacia la sociedad que dice representar.
El caso del coronel Plubio Hernán Mejía y la intervención de la Procuraduría
Recientemente, se conoció la postura de la Procuraduría, a través del procurador delegado Fernando Antonio Burgos Támara, frente a la condena de 20 años de prisión impuesta por la JEP al coronel (r) Plubio Hernán Mejía. Este militar fue hallado responsable de crímenes como homicidio, desaparición forzada y tortura en persona protegida durante el conflicto armado. En diciembre pasado, esta periodista reveló un hecho escandaloso: Eljach reemplazó a su delegado original, Jairo Ignacio Acosta, justo cuando este funcionario autónomo iba a expresar su acuerdo total con la condena de Mejía.
El coronel Mejía había burlado a la JEP desde 2017, buscando su libertad mientras cumplía condenas previas de 40 años en la justicia ordinaria, sin revelar la verdad prometida. Burgos Támara, designado a última hora por Eljach, no se opuso a la sentencia, pero sí objetó el monto de la pena para rebajarla. Esta postura, aunque menos grave de lo esperado, resulta llamativa: un supuesto guardián de los derechos de las víctimas parece más preocupado por los intereses del victimario.
La estrategia calculada de la Procuraduría
La Procuraduría podría estar jugando una carta astuta: al abogar por una reducción de pena sin cuestionar los fundamentos de la condena, se busca que Mejía salga pronto de prisión, sumando los años ya cumplidos, y sin condicionamientos. Así, el Ministerio Público mantendría su apoyo entre los uniformados sin sufrir desgaste. Eljach, lejos de ser ingenuo, demuestra un ánimo promilitar que deja huella en sus designaciones.
Los delegados judiciales ante la JEP nombrados por Eljach y por la procuradora Margarita Cabello son aliados reales o emocionales de los oficiales investigados. Por ejemplo:
- Fernando Antonio Burgos Támara y Eduardo Carmelo Padilla Hernández, ambos oriundos de Cereté (Córdoba), son amigos de larga data y ahora cumplen misiones oficiales en la JEP.
- Padilla, un cuestionado veedor y excandidato a la gobernación de Córdoba, ha sido contratista del Estado y contó con el apoyo de Carlos Camargo, también nacido en Cereté y recién elegido magistrado de la Corte Constitucional.
- Camargo, durante su impopular gestión como defensor del Pueblo, fue denunciado por instalar una oficina de enlace de las Fuerzas Militares en esa entidad, con Padilla como uno de sus contratistas.
La red de designaciones y sus implicaciones
La trama no termina ahí. Otros nombramientos clave incluyen:
- Óscar Lombana, procurador judicial II ante la JEP designado por Eljach en julio de 2025. Lombana, primo de la magistrada exmilitar Cristina Lombana, fue magistrado auxiliar en la JEP en 2018, lo que le dio conocimiento interno de la entidad que ahora supervisa. Anteriormente, entre 2014 y 2017, trabajó como abogado del Fondo de Defensa Técnica de la Fuerza Pública (Fondetec), defendiendo a uniformados.
- Ángela Andrea Chacón Belalcázar, procuradora judicial II conocida por sus gestos amables hacia agentes estatales investigados, como el general Mario Montoya, y por sus desplantes contra víctimas y magistrados. Está casada con Alfonso Campo Martínez, exfuncionario del gobierno de Duque y actual miembro del Consejo Nacional Electoral, quien ha sido Defensor Público de las Fuerzas Militares.
Estos casos refuerzan el rumor de que Eljach ha ordenado tutelar a exmiembros de la Fuerza Pública, independientemente de su culpabilidad, y que alberga una aversión hacia la JEP por procesar a criminales. Las clientelas políticas se entrelazan según quién dirija los organismos oficiales, poniendo en duda la imparcialidad y el compromiso con la justicia transicional en Colombia.
