La excongresista del Centro Democrático, Tatiana Cabello Flórez, fue condenada en primera instancia a 12 años de prisión por haber exigido parte del salario a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La sentencia fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017, durante su ejercicio como representante a la Cámara.
Modus operandi y ocultamiento
Según la investigación, Cabello aprovechó su poder de libre nombramiento y remoción para obligar a sus colaboradores a entregar parte de sus ingresos como condición para conservar sus empleos o acceder a mejores cargos. La excusa era que esos dineros se usarían para actividades políticas y de campaña, pero esto no se demostró.
La excongresista no recibía directamente todo el dinero, sino que utilizaba intermediarios de confianza, entre ellos su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Barón Ayala. Ellos recibían pagos en efectivo, mediante transferencias bancarias o bajo la apariencia de gastos de una supuesta "caja menor". Además, Cabello recurrió a aplicaciones de mensajería que eliminaban automáticamente las conversaciones y, cuando comenzaron las investigaciones, intentó justificar los pagos como préstamos personales e hizo firmar documentos de confidencialidad a algunos colaboradores.
Víctimas y reparaciones
Las víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Nelsy Tirado Chacón, Sonia Astrid Blanco Reyes y Daniela Salazar Puerto. En algunos casos, como el de Daniela Salazar, las exigencias llegaron a representar casi la totalidad del salario devengado.
Como parte de la reparación, la sentencia ordenó indemnizar a las víctimas con las siguientes sumas: Luisa Fernanda Puerto Vela: $112.731.867; Lina Marcela García Pinto: $3.707.150 por perjuicios materiales, más cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales; Nelsy Tirado Chacón: $51.176.310; Sonia Astrid Blanco Reyes: $741.926.996; Daniela Salazar Puerto: $32.840.193 por perjuicios materiales, más cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales.
Multa e inhabilitación
La Corte ordenó que Cabello pague una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos y le negó la posibilidad de acceder a la suspensión condicional de la pena o a la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en un establecimiento carcelario. Además, no podrá ejercer cargos públicos por cerca de 9 años.
El proceso podrá ser apelado. Según la decisión en segunda instancia, se ordenará su captura inmediata y el Inpec definirá el centro de reclusión al que será enviada.
