Este jueves 30 de abril, mientras el Tribunal de Bogotá negaba la apelación presentada por la defensa del exministro del Interior Luis Fernando Velasco para eliminar la medida de aseguramiento en su contra, la Fiscalía oficializó la acusación contra él y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunta participación en el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos exfuncionarios negaron los cargos.
Detalles de la acusación
La Fiscalía los acusó ante la Sala de Primera Instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los señaló como los ‘cerebros’ de un entramado que habría direccionado ilegalmente 79 contratos, por un valor de $612.237 millones, en el Invías y la UNGRD. El objetivo era aceitar el trámite de las reformas sociales del gobierno Petro y asegurar conceptos favorables de la Comisión de Crédito Público para los empréstitos de la Nación. No obstante, de ese medio billón prometido, solo siete proyectos se habrían concretado.
“Los exfuncionarios son señalados de convocar reuniones, impartir directrices y hacer seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la UNGRD en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado y la Cámara de Representantes”, indicó la Fiscalía.
Episodios clave
En el escrito de acusación se detallan episodios como el de junio de 2023, cuando Velasco habría ordenado a Olmedo López apoyar la reforma pensional. Para ello, debía presentarse a un debate en la Comisión Séptima del Senado para acordar contratos con ciertos parlamentarios y ampliar las mayorías en esa célula legislativa, clave para tramitar reformas estructurales como las de salud y pensiones. En ese contexto, debía ponerse a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú, quien lideraba el respaldo gubernamental a la reforma.
Tres meses después, durante el empalme entre las exasesoras de Bonilla, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se habría evidenciado que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar proyectos regionales a favor de congresistas, los llamados “cupos indicativos”, autorizados por el entonces ministro de Hacienda. En esa reunión, se le habría entregado a Benavides una tabla en Excel con la relación de proyectos del Invías que se tramitarían y asignarían a algunos parlamentarios a cambio de su respaldo político.
Distribución de los proyectos
En total, fueron 71 proyectos gestionados con este propósito, distribuidos así:
- 13 en la Comisión Cuarta de Cámara (Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena) por $142.658 millones.
- 19 en la Comisión Cuarta de Senado (Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas) por $80.816 millones.
- 14 en la Comisión Tercera de Senado (Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) por $155.145 millones.
- 25 en la Comisión Tercera de Cámara (Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca) por $177.380 millones.
Defensa de los exministros
Los exministros se defendieron de estas acusaciones. “En la Comisión Primera del Senado no se debate la reforma pensional. Las comisiones y sus tareas están regladas por una ley de la República. La reforma pensional se debatió en la Comisión Séptima y aquí todos oímos a la doctora Patiño (la fiscal del caso) diciendo que en la Comisión Primera se estaba debatiendo y que por eso queríamos ‘comprar’ a esa comisión”, expresó Velasco.
Por su parte, Bonilla insistió en que no es ordenador del gasto ni en la UNGRD ni en el Invías, buscando desmarcarse de las acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación.
