La expansión estatal como multiplicador de corrupción en Colombia
El pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila advertía que "mientras más complejas las funciones que el Estado asume, la suerte del ciudadano depende de funcionarios crecientemente subalternos". Esta reflexión cobra especial relevancia en el contexto actual de propuestas que buscan ampliar significativamente las competencias estatales.
La falacia del Estado omnipotente
Los defensores de un Estado expansivo parten de una premisa fundamentalmente errónea: creen que los problemas sociales pueden solucionarse simplemente otorgando más competencias y poder a las instituciones estatales. Según esta visión, una cadena de funcionarios aplicaría reglas impersonales sin asumir responsabilidad personal alguna.
Cada nueva competencia, cada regulación adicional, cada expansión de directrices y normas crea inevitablemente nuevos procedimientos burocráticos. Esta multiplicación de trámites, funcionarios y escritorios genera un caldo de cultivo exponencial para prácticas corruptas.
El caso de Iván Cepeda y la discrecionalidad burocrática
Cuando el candidato de izquierda Iván Cepeda exige más Estado para supuestamente corregir desigualdades, redistribuir riqueza o corregir fallas del mercado, omite explicar una consecuencia fundamental: entre más complejas sean las funciones estatales, mayor será el ejército de burócratas necesario para ejercerlas.
Al imaginar un Estado que garantice casi todas las necesidades ciudadanas, se requeriría una gestión y ejecución masiva que recaería inevitablemente en vastos ejércitos de funcionarios. Estos burócratas, independientemente de su capacidad o motivación, gozarían de discrecionalidad casi absoluta para decidir qué puede y qué no puede hacer cada ciudadano.
Del Estado servidor al Estado dominador
Cepeda y otros defensores del estatismo argumentan la necesidad de deshacer la concentración del poder económico, pero no parecen alarmarse ante la concentración del poder político y económico en un solo partido o grupo. Esta concentración transformaría al Estado de instrumento de política pública en herramienta de dominación.
El resultado final sería lo que algunos analistas denominan "despotismo light": un sistema paternalista y sobre-reglamentado que, bajo apariencias democráticas, concentra poder decisorio en manos burocráticas.
El vínculo indisoluble entre estatismo y corrupción
Existe una correlación directa entre el tamaño del Estado y las oportunidades de corrupción. Cada expansión del campo de acción estatal requiere nuevos aparatos ejecutores, convirtiendo cada entidad en un punto potencial de corrupción.
La ampliación burocrática no solo incrementa el tamaño del Estado: multiplica exponencialmente el mercado potencial de favores, prebendas y negociaciones ilícitas.
La realidad colombiana: programas sociales como botín
En Colombia, numerosos programas sociales y regulatorios han demostrado ser vulnerables a la intervención de políticos, gamonales y líderes sociales que, mediante "contratos dirigidos", se convierten en intermediarios entre el ciudadano y el Estado.
En un país con instituciones frágiles como Colombia, la expansión estatal se convierte en una mina para el saqueo ilimitado, multiplicando las oportunidades para captura de coimas y sobornos a través de mecanismos supuestamente diseñados para ayudar a la población.
Epílogo: Un caso emblemático de violación
Como apéndice preocupante, resulta inaceptable la violación de derechos constitucionales evidenciada cuando la Nueva EPS entregó al presidente la historia clínica de Kevin Acosta. Este caso ilustra cómo incluso instituciones diseñadas para proteger pueden convertirse en instrumentos de abuso cuando existen desequilibrios de poder.
La reflexión final es clara: antes de ampliar las funciones del Estado, Colombia debe fortalecer sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, cada nueva competencia estatal se convertirá en una nueva oportunidad para el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder.
