La Fiduprevisora, entidad que administra el fondo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y los recursos del sistema de salud de los maestros, está en el centro de una grave denuncia. Según reveló una columna anterior, la entidad intentó presionar la firma de tres convenios multimillonarios para los sectores de educación y agricultura, a partir de una transferencia de recursos por alrededor de $1,6 billones del fondo de desastres. Estos movimientos ocurrieron en plena época electoral y al cierre del Gobierno, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante una catástrofe.
El riesgo de una catástrofe sin recursos
Si en Colombia ocurriera una emergencia como el doble terremoto de Venezuela, los recursos necesarios para ayudar a damnificados y remover escombros no estarían disponibles, pues estarían comprometidos en programas y convenios institucionales de objeto poco claro. Así lo advierte el columnista, quien señala que la gravedad de la situación es absoluta.
El Ministerio de Agricultura respondió con un comunicado intentando desmentir las transferencias, afirmando que no se realizaron antes de la segunda vuelta electoral. Esto es cierto, pero el columnista aclara que nunca se dijo que los giros hubieran sido desembolsados. No se pudieron hacer, entre otras razones, porque el vicepresidente de Contratación Derivada, Óscar García Montes, se negó a firmar los convenios. En su carta de renuncia, a mediados de junio, García denunció que fue hostigado para firmar esos convenios de manera acelerada y sin rigor técnico.
Guerra por el poder y la contratación
Fuentes internas han revelado más detalles sobre el manejo de la Fiduprevisora durante estos años: una guerra devastadora por el poder y la contratación que podría concluir en numerosas condenas penales. Preguntas como de dónde han sacado sus millonarias fortunas algunos de los presidentes que han pasado por la entidad quedan sin respuesta. El expresidente Mauricio Marín, mencionado por el presidente Petro por presuntos hechos de corrupción, no negó su éxito financiero: “Son años de trabajo”, respondió.
Otras interrogantes apuntan a la contratación de Julián Habib Saade como asesor en la Fiduprevisora en mayo de este año, con un salario de $17 millones al mes. Habib, quien aparece en fotografías en una fiesta junto a Emilio Tapia, tenía un poder desmedido, pero nadie responde por qué. Fuentes de Córdoba han señalado el presunto interés de Tapia y Saray Robayo en la Fiduprevisora.
Contratos a MiSaludIPS y vínculos con Emilio Tapia
Se pregunta si en los últimos meses la Fiduprevisora entregó contratos a la compañía MiSaludIPS y si esta empresa es de Freddy Tapia. La persistencia del nombre de Emilio Tapia en relación con intereses sobre instituciones públicas que manejan recursos de los impuestos de los colombianos es, según el columnista, una verdadera debacle moral y de la justicia colombiana.
El llamado es directo a la fiscal y al contralor: “Entiendo que hayan estado poco en sus despachos durante las últimas semanas. Pero es hora de que les pongan la lupa a estas instituciones. Hagan su trabajo”. La Fiduprevisora hace parte del Grupo Bicentenario, por lo que la Procuraduría y la Contraloría deberían estar más preocupadas. Una semana después de la revelación, nada ha ocurrido.
