El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, admitió que otorgar estatus de negociación política a las disidencias de las Farc dentro de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro fue un error que generó "muchísimos problemas". La declaración se produce luego de que el Consejo de Estado reafirmara que esa medida violó el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Reconocimiento directo del Gobierno sobre fallas en la Paz Total
Cuervo se convierte en el primer alto funcionario del Ejecutivo en hacer un reconocimiento tan explícito sobre las dificultades de la Paz Total, una de las principales apuestas de la administración Petro en seguridad y negociación con grupos armados. El ministro sostuvo que la evaluación debe hacerse "caso a caso", debido a las diferencias entre los procesos abiertos con distintas estructuras.
"Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las Farc", afirmó Cuervo. Para el jefe de la cartera de Justicia, haber reconocido ese carácter político a quienes se apartaron del Acuerdo de Paz no solo fue una mala decisión, sino que terminó afectando el desarrollo de las conversaciones.
Balance de la Paz Total: ELN y disidencias
Frente a la pregunta sobre si la Paz Total fracasó como política pública, el ministro señaló que habría que revisar cada proceso por separado. En ese balance, mencionó el caso del ELN, con el que, según dijo, "no se tiene negociación hace más de dos años" y tampoco existe un cese unilateral, por lo que consideró que allí el Gobierno entendió rápidamente que no había voluntad de paz.
Cuervo indicó que la falta de un marco jurídico también incidió en las dificultades de las negociaciones. Aunque recordó que la Ley de Paz Total le permitió al Gobierno adelantar diálogos y adoptar medidas para facilitarlos, advirtió que esa herramienta no resolvió todos los vacíos necesarios para ordenar los procesos con grupos de distinta naturaleza criminal y política.
Efectos jurídicos y políticos del estatus a disidencias
Cuervo sostuvo que el tratamiento dado a las disidencias tuvo efectos jurídicos y políticos complejos. "Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas", dijo. En su explicación, vinculó esa postura con una decisión reciente del Consejo de Estado, que, según él, reafirmó que esa decisión había desconocido el Acuerdo de Paz.
El ministro diferenció ese caso de otros espacios de conversación que, a su juicio, sí han producido avances concretos en materia de seguridad local. Por ejemplo, mencionó las mesas urbanas de Itagüí y Quibdó, así como el caso de Buenaventura, donde señaló que se han registrado avances en distensión y reducción de delitos como homicidio y extorsión, con efectos que calificó como "paz social".
Advertencia sobre levantamiento de mesas y empalme
En ese contexto, Cuervo advirtió que levantar de manera inmediata todas las mesas podría generar impactos delicados. Dijo que en una reunión con Iván Cancino, encargado del empalme del sector justicia, le manifestó su preocupación por los posibles efectos de una terminación intempestiva de esos espacios. Según sostuvo, una decisión de ese tipo puede tener consecuencias "muy complicadas" en materia de seguridad.
El ministro también se refirió a las propuestas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y del equipo que asumirá el Gobierno el 7 de agosto. En sus declaraciones señaló que ya se ha anunciado un marco de desmovilización, sometimiento y desmovilización, una ruta que, en su criterio, no necesariamente es incompatible con lo planteado por el Gobierno Petro frente a grupos sin categoría de actor político.
Llamado a la responsabilidad institucional
Cuervo consideró que un nuevo marco jurídico podría servir para procesos con organizaciones que no tienen naturaleza política. En ese punto, mencionó que si Iván Cancino llegara a ser ministro de Justicia, como penalista reconocido, podría plantear una fórmula de desmovilización para ese tipo de estructuras. Para el funcionario, esa discusión exige responsabilidad institucional y no solo una ruptura total con lo avanzado.
"La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero, yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno", afirmó. En esa línea, sostuvo que los Estados deben actuar con responsabilidad, porque una cosa es lo que se plantea en campaña y otra distinta tomar decisiones de gobierno que pueden impactar la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades.
El ministro hizo un llamado a que el nuevo gobierno pueda reenfocar su política de seguridad sin desconocer que hablar de sometimiento también implica sentarse a conversar con grupos criminales. Según dijo, el ministro de Interior designado, Rodrigo Lara, y el presidente electo De la Espriella, se han referido a requerimientos relacionados con estructuras como las de Digno Palomino y otros grupos con actividades criminales en Barranquilla.
Cuervo concluyó que los procesos de sometimiento a la justicia pueden ser importantes para verificar y lograr el cumplimiento de algunos acuerdos o negociaciones dentro de un marco legal. Su planteamiento deja abierta la discusión sobre qué debe mantenerse, qué debe corregirse y qué debe cerrar el próximo gobierno frente a la política de Paz Total y sus efectos en seguridad.
