Un juez de Bogotá revocó la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación al senador Antonio Sanguino, al acoger una tutela presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda. La decisión judicial ordena dejar sin efecto la multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes que había sido impuesta al congresista por presuntas irregularidades en la contratación de RTVC.
Antecedentes de la sanción
La Procuraduría había sancionado a Sanguino en 2022 por su participación en la elección del gerente de RTVC, señalando que el senador habría incurrido en una falta disciplinaria al presionar la designación. La sanción incluía una multa económica y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año. Sin embargo, el congresista siempre defendió su inocencia y aseguró que se trataba de una persecución política.
La tutela de Katherine Miranda
La representante Katherine Miranda interpuso una acción de tutela argumentando que la sanción violaba el debido proceso de Sanguino, ya que la Procuraduría no había respetado las garantías procesales. El juez falló a favor de la tutela, señalando que la Procuraduría había excedido sus competencias al sancionar a un congresista por actos propios de su función legislativa, lo que constituye una violación al principio de separación de poderes.
Según el fallo, “la Procuraduría no puede sancionar a los congresistas por el ejercicio de sus funciones parlamentarias, como la participación en la elección de funcionarios públicos, pues ello desconoce la autonomía del Congreso”. La decisión también ordena a la Procuraduría archivar definitivamente el proceso disciplinario.
Reacciones de los involucrados
El senador Antonio Sanguino celebró la decisión judicial y afirmó que “esta tutela demuestra que la Procuraduría actuó de manera arbitraria y que siempre estuve actuando dentro de la ley”. Por su parte, Katherine Miranda indicó que “la justicia ha dado un mensaje claro: no se puede perseguir a los congresistas por hacer su trabajo”.
La Procuraduría, a través de un comunicado, manifestó que respeta la decisión judicial pero que evaluará si presenta una impugnación ante las instancias superiores. “La Procuraduría actuará conforme a derecho y en defensa de la legalidad”, señaló el organismo.
Impacto en el Congreso
Este fallo sienta un precedente importante para las relaciones entre el Congreso y la Procuraduría, ya que limita la capacidad del ente de control para sancionar a los legisladores por actos relacionados con su función parlamentaria. Expertos en derecho constitucional consideran que la decisión refuerza la separación de poderes y protege la independencia del Legislativo.
El caso ha generado debate en el ámbito político, con sectores de la oposición apoyando la decisión y otros advirtiendo sobre posibles excesos en la función de control. La senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, criticó el fallo y dijo que “esto abre la puerta para que los congresistas actúen sin control”.
Próximos pasos
La Procuraduría tiene un plazo de 10 días para decidir si impugna la tutela. Mientras tanto, la sanción contra Sanguino queda sin efecto, y el senador podrá continuar ejerciendo su cargo sin restricciones. Se espera que el caso llegue a la Corte Constitucional si la Procuraduría decide apelar.
