En una reciente audiencia judicial, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, lanzó fuertes acusaciones contra la Fiscalía General de la Nación, señalando que fue presionada para declarar en contra de ministros del presidente Gustavo Petro en el marco del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Detalles de la denuncia
Ortiz, quien se encuentra privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, afirmó que los fiscales la coaccionaron para que implicara a altos funcionarios del Gobierno Nacional. "Acudí muchas veces a la Fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento... porque eso fue lo que me dijo, me dijo: si usted no acusa a ministros y no tiene chas, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó", declaró durante la diligencia.
La exfuncionaria agregó que desde el primer momento comprendió que el proceso tenía un trasfondo político y no jurídico. "Yo tengo la carta que le envié a la Fiscalía y la trazabilidad que le envié. Desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Y si a mí hoy estoy en esta situación, pues yo le hablo y lo digo abiertamente, es por un tema político y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo", sostuvo.
Los cargos que enfrenta
Sandra Ortiz es señalada de haber transportado 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes actualmente se encuentran recluidos en la cárcel La Picota desde hace un año. Según la investigación, este dinero habría sido entregado para agilizar la tramitación de las reformas del Ejecutivo en el Legislativo. Por estos hechos, la exconsejera enfrenta los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Estado del proceso
El caso se encuentra actualmente en la etapa de audiencias preparatorias, en las que se definen las pruebas que serán utilizadas en el juicio final. Asimismo, el Tribunal Superior de Bogotá tiene pendiente resolver una apelación presentada por la defensa de Ortiz contra la medida de aseguramiento que la mantiene privada de la libertad.
La exconsejera, quien trabajó estrechamente con el presidente Petro, insiste en que su detención obedece a razones políticas y no a una genuina investigación por corrupción. El desarrollo de este caso continúa generando expectativa en el ámbito político y judicial del país.
