La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, denunció en una audiencia que la Fiscalía General de la Nación la presionó para declarar en contra de exministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Presiones para acusar a exministros
Ortiz, señalada como la mensajera en el entramado de corrupción, afirmó que el proceso penal en su contra no tiene un fundamento jurídico, sino político, derivado de su vínculo con el mandatario. “Como se lo dije un día al coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo: 'Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento'. Eso pasó”, relató la exfuncionaria.
Sin responsabilidad en la UNGRD
La exconsejera sostuvo que nunca tuvo poder de decisión ni responsabilidad sobre la millonaria contratación de la UNGRD. “Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, ¿yo qué tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo? Jamás tuve nada que ver”, enfatizó. Ortiz agregó que en la audiencia preparatoria del juicio presentará pruebas para demostrar la trazabilidad de sus actuaciones y desvirtuar lo que calificó como “mentiras” del exdirector de la entidad, Olmedo López, y del exsubdirector de Desastres, Sneyder Pinilla.
Un proceso político, no jurídico
La exconsejera reiteró que su situación judicial responde a un trasfondo político. “Yo tengo la carta que le envié y la trazabilidad que le envié en este momento a mi abogado. Nosotros, desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Lo digo abiertamente, es un tema político”, afirmó. De acuerdo con Ortiz, la persecución en su contra se debe exclusivamente a su cercanía con el presidente Gustavo Petro y no a hechos de corrupción en la UNGRD.
