El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió un decreto que autoriza la entrada de militares extranjeros al país para colaborar en operaciones contra bandas criminales, en el marco del “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado. La medida otorga inmunidad al personal de países cooperantes, según acuerdos internacionales vigentes.
Cooperación internacional contra el crimen
La decisión busca fortalecer la lucha contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Noboa afirmó que “militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”. El decreto establece que el personal extranjero “gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos” por Ecuador.
La medida se enmarca en la ofensiva gubernamental contra las bandas criminales, responsables del deterioro de la seguridad. Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, ante el auge de la criminalidad y la expansión de economías ilegales. El presidente aseguró que la disposición es “fruto de meses de trabajo, especialmente con la última reunión en el Pentágono”, y que “desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, que ya no pelea solo”.
Actualmente, Ecuador recibe apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea en seguridad, centrado en inteligencia, pero sin tropas desplegadas. La nueva medida cambia el alcance de esa cooperación, aunque abre interrogantes sobre su impacto operativo, jurídico y político.
Indultos y amnistías para militares y civiles
El decreto también incluye disposiciones legales para militares, policías y civiles que participen en acciones contra el conflicto armado interno. Noboa “concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado”. Además, exhorta a la Asamblea Nacional a conceder amnistías para quienes actuaron en defensa del Estado. La inmunidad para el personal extranjero se basa en acuerdos internacionales, mientras que los indultos y conmutaciones aplican a sanciones impuestas o en curso.
El decreto se suma a estados de excepción previos. El más reciente, activado por 60 días en 10 provincias y tres municipios, busca contener la violencia.
Críticas por derechos humanos
La medida enfrenta críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian abusos militares. Amnistía Internacional reporta 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023. Un caso emblemático es el de cuatro menores afrodescendientes detenidos irregularmente en Guayaquil en diciembre de 2024, hallados calcinados cerca de una base militar. La justicia condenó a los militares involucrados a penas de entre 30 meses y 34 años de prisión.
Estos antecedentes intensifican el debate sobre la ampliación de capacidades de seguridad y la inmunidad del personal extranjero. Aunque el Gobierno defiende la necesidad de cooperación internacional, las denuncias mantienen abierta la discusión sobre controles y límites de la fuerza pública.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad: en 2025 registró un récord de 9.281 asesinatos, una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica. Con este decreto, Noboa busca mostrar que el país no enfrenta solo a las bandas criminales, pero eleva el debate sobre el equilibrio entre cooperación militar, respuesta estatal y garantías de derechos humanos.
