Piedecuesta: el conflicto catastral que revela las fallas estructurales de la descentralización
Mientras la atención mediática nacional se concentraba en el bloqueo de la vía que mantenía incomunicada a Bucaramanga y afectaba el acceso al Aeropuerto Palonegro, en el municipio de Piedecuesta se gestaba un conflicto menos visible pero estructuralmente más relevante desde la perspectiva de la descentralización y la autonomía territorial.
Una defensa ciudadana consciente frente a una actualización catastral deficiente
Una defensa ciudadana consciente de las dinámicas propias del municipio, desmarcada de la agenda que se venía trabajando a nivel nacional, se enfrentaba a una actualización catastral percibida como técnicamente deficiente y administrativamente problemática. En materia catastral no existen soluciones homogéneas que puedan aplicarse de manera uniforme en todos los territorios.
Cada municipio, e incluso cada predio individual, responde a procesos particulares de formación de valor, uso del suelo y desarrollo territorial específico. Bajo esta premisa fundamental, la veeduría catastral de Piedecuesta optó por construir un pliego autónomo y completamente independiente, instalando una mesa de negociación directa con los responsables del proceso catastral.
El origen técnico del conflicto catastral
El origen del conflicto en Piedecuesta es diferente al de cientos de municipios del país que enfrentan problemas catastrales. No se trata simplemente de la aplicación del rezago catastral común en muchas regiones. Es necesario remontarse específicamente al año 2024, cuando se ejecutó el proceso de actualización de avalúos catastrales en el municipio.
Este proceso se llevó a cabo en un tiempo atípicamente corto, con una insuficiencia crítica de personal técnico especializado en catastro, con la ausencia total de un software catastral robusto y profesional (se utilizó simplemente Excel para procesos complejos) y con un resultado completamente previsible: una actualización catastral mal elaborada técnicamente, con avalúos que no reflejan de manera alguna la realidad económica actual de los predios.
La crisis del servicio público catastral
A este escenario técnicamente deficiente se suma la grave situación de la no prestación del servicio público catastral. Para la vigencia fiscal 2026, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) no cuenta con las condiciones técnicas mínimas necesarias ni con la capacidad presupuestal suficiente para garantizar la operación básica del catastro y la revisión técnica adecuada de los avalúos.
Esta situación abre la puerta a eventuales procesos de responsabilidad administrativa por parte de los entes de vigilancia y control del Estado, creando un escenario de incertidumbre jurídica y administrativa para los propietarios y para la misma administración municipal.
La salida negociada y los obstáculos superados
Tras siete días completos de bloqueos y tensiones sociales, finalmente se logró una salida negociada con la mediación fundamental de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Santander. Esta solución, si bien no es perfecta desde el punto de vista técnico, reconoce explícitamente la necesidad urgente de mejoras sustanciales en la operación catastral del municipio.
En el camino hacia esta solución se presentaron numerosos obstáculos significativos, como la intromisión de líderes negativos con intereses particulares y los intentos repetidos de condicionar las soluciones técnicas a la implementación de la Resolución 343 de 2025, un documento que presenta vacíos técnicos y jurídicos evidentes que ni el propio gestor catastral comprende completamente.
Piedecuesta como advertencia para Santander
Piedecuesta no representa una excepción aislada en el panorama catastral nacional, sino más bien una advertencia clara y contundente para todo el departamento de Santander. La región requiere urgentemente un catastro moderno que garantice seguridad jurídica real, planeación territorial efectiva y equidad tributaria genuina, con una implementación técnica adecuada a los retos específicos del desarrollo regional.
Las autoridades locales y departamentales están llamadas a corregir de fondo las deficiencias estructurales y fortalecer la operación catastral, mientras que la ciudadanía debe utilizar las vías legales establecidas y ejercer un control social informado y constante. Ignorar estas lecciones volvería a comprometer gravemente la institucionalidad territorial en todo Santander.
