Con las elecciones presidenciales de 2026 en pleno desarrollo, la firma Cafore Abogados ha lanzado una advertencia contundente: prácticas como la compra de votos, la suplantación de electores o la presión sobre empleados públicos no son meras irregularidades de la jornada electoral, sino delitos que la Fiscalía General de la Nación puede judicializar.
Marco legal y sanciones
Estas conductas están tipificadas en la Ley 1864 de 2017 y conllevan multas que oscilan entre 50 y 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), además de penas de prisión de 4 a 12 años. El riesgo no solo afecta a los candidatos: ciudadanos y servidores públicos también pueden responder penalmente.
Delitos electorales para ciudadanos
Entre los delitos que pueden cometer los ciudadanos se encuentran la trashumancia electoral (inscribir la cédula en un lugar distinto al de residencia), la suplantación de votantes, impedir las elecciones, amenazar a un candidato, obstaculizar la labor de un jurado de votación o usar cédulas falsas. Todas estas acciones afectan directamente la legitimidad de las urnas.
Delitos electorales para candidatos
Para los candidatos, la lista incluye la compra de votos, la financiación ilegal de campañas, exceder los límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, presionar o engañar a votantes, e incluso resultar elegido estando inhabilitado por una decisión judicial, disciplinaria o fiscal.
Delitos electorales para servidores públicos
En el caso de los servidores públicos, usar recursos del Estado en campañas, ser cómplices de votos fraudulentos o alterar resultados agrava su responsabilidad, pues compromete los principios de imparcialidad que rigen la función pública.
Multas y penas de cárcel según la Ley 1864 de 2017
Además de las multas de 50 a 1.200 SMLMV y las penas de prisión de 4 a 12 años, la ley contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En casos de financiación ilegal de campañas, se imponen sanciones económicas equivalentes al monto del exceso recibido.
Valeria Canosa, abogada penalista de Cafore Abogados, explica: "El voto es libre y responsable, y comprarlo o venderlo es un grave delito que afecta la democracia. No se trata solo de ganar una elección, sino de prevenir y denunciar dentro del marco de la ley, porque lo que está en juego es la legitimidad del sistema democrático colombiano".
Canosa recuerda que desde 2013 existe una comisión especial adscrita al Ministerio del Interior encargada de velar por la garantía y la verdad en los procesos electorales, un mecanismo que opera de manera paralela a la acción penal de la Fiscalía.
Prevención y denuncia: recomendaciones legales
A quienes aspiran a un cargo de elección popular, Canosa les recomienda adelantar una auditoría legal y contable de sus campañas en tiempo real, llevar un control estricto de los gastos, verificar el origen de cada aporte y confirmar que no existan inhabilidades previas que comprometan su candidatura. Para los ciudadanos, la recomendación es denunciar cualquier irregularidad de la que sean testigos, en particular el ofrecimiento de dinero o favores a cambio del voto.
Quien presencie un delito electoral puede acudir directamente a las mesas de justicia ubicadas en los puntos de votación, donde hay presencia de la Fiscalía y la Procuraduría. También puede denunciar a través del botón "Denuncia Fácil" en la página web de la Fiscalía General de la Nación, llamar desde celular a la línea 122 o, desde teléfono fijo, a la línea nacional 01 8000 910 413.
El Ministerio del Interior dispone además de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), a la que se puede escribir al correo denunciasuriel@mininterior.gov.co, marcar la línea celular #623 o comunicarse a la línea gratuita 01 8000 912 005.
Para Canosa, el costo de no actuar a tiempo va más allá de la condena penal: "Estar bajo estos procesos legales por causar delitos electorales puede representar no solo una condena o multas, sino también procesos desgastantes que pueden traer consigo pérdidas de tiempo, dinero, costos adicionales por servicios de acompañamiento jurídico, pérdida de confianza y deterioro de la imagen pública y/o reputación".
La Fiscalía mantiene la función de investigar y judicializar a quienes incurran en estas conductas durante la contienda electoral.
