A solo tres días de la segunda vuelta presidencial, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que ha recibido, a través de su plataforma Pilas con el Voto, 40 reportes a nivel nacional de posibles casos de presión en entornos laborales para influir en las decisiones políticas de los trabajadores. La cifra, sistematizada por las coordinaciones regionales de Bogotá y Antioquia, expone una realidad crítica sobre la utilización indebida de la relación laboral tanto en el sector privado como en el público. Aunque estos reportes deben ser evaluados e investigados por las autoridades competentes, la organización consideró urgente lanzar esta advertencia para evitar la comisión de delitos electorales ad portas de la apertura de las urnas.
Rechazo categórico a la interferencia en la voluntad electoral
“La MOE rechaza categóricamente cualquier actuación que busque condicionar, limitar o interferir en la voluntad electoral de la ciudadanía. Recordamos que la subordinación laboral, tanto en el sector privado como en el sector público, no otorga a los empleadores ni a los superiores jerárquicos facultad alguna para intervenir en las convicciones políticas de su personal. El derecho al trabajo no puede ser condicionado por el ejercicio de la democracia, por el contrario las convicciones políticas entran intactas al cubículo de votación”, señala Aura Rodríguez, coordinadora de la MOE Bogotá.
Cuatro modalidades de presión laboral identificadas
A partir de los datos analizados por las denuncias ciudadanas, se identificaron cuatro modalidades principales de presión que atentan contra la transparencia electoral.
Amenazas de despidos y discursos del miedo
En el sector privado se advierte sobre la pérdida masiva de puestos o cierres de empresas si gana determinado candidato, mientras que en el sector público las presiones se asocian a la no renovación de Contratos de Prestación de Servicios o remociones de cargos; conductas que constituyen el delito de constreñimiento al sufragante.
Obstaculización de permisos para votar
Se manifiesta en la retención de personal o la negativa patronal a conceder las licencias obligatorias y remuneradas que contempla la legislación laboral para la jornada electoral.
Incentivos indebidos para frenar la participación
Se han registrado denuncias sobre ofertas de bonificaciones u horas extra forzadas con el único propósito de que las personas permanezcan laborando durante el horario de votación, desincentivando o impidiendo así su asistencia a las urnas.
Proselitismo e imposición ideológica
Mediante el uso de instalaciones físicas, correos electrónicos corporativos y canales oficiales de comunicación interna para promover campañas, exigir la asistencia a mítines o imponer listas de preferencias electorales bajo la presión de la jerarquía laboral.
Marco legal y sanciones
La normativa vigente y las autoridades son claras al señalar que amenazar con desmejoras salariales, traslados, despidos o la pérdida de contratos estatales con fines políticos constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales, acoso laboral y una conducta penalizable. El Código Penal mediante la Ley 599 de 2000 castiga al que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Llamado a empresarios y trabajadores
La organización fue enfática e hizo un llamado a empresarios, directivos, alcaldes, gobernadores y jefes de talento humano a abstenerse de estas prácticas y respetar la libertad política como un derecho ineludible. De igual forma, instó a los trabajadores y contratistas de todo el país a no callar y reportar de manera inmediata cualquier irregularidad a través de la plataforma web www.pilasconelvoto.com, la línea de WhatsApp de la MOE (315 266 1969) o ante las autoridades correspondientes a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).
