Los alcaldes del Caribe colombiano han iniciado una ofensiva jurídica y política ante la Corte Constitucional para defender los Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica emitidos por el Gobierno Nacional. En un llamado unánime, los mandatarios locales solicitan que el alto tribunal evalúe la norma con criterios estrictamente técnicos, advirtiendo que su anulación podría desencadenar una catástrofe humanitaria sin precedentes en ocho departamentos del país.
El riesgo del Plan de Recuperación Temprana
La principal preocupación gira en torno al Plan de Recuperación Temprana, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que contempla inversiones por $8,7 billones en un período de dos años. Sin el respaldo legal de la emergencia, municipios como Tierralta (Córdoba) y La Gloria (Cesar) admiten no contar con la capacidad financiera ni administrativa para enfrentar la crisis.
“Su anulación nos pondría en una situación muy compleja. La recuperación de Tierralta, por ejemplo, tiene un valor cercano a un billón de pesos. Esos recursos no los tiene ni el municipio, ni el departamento, ni siquiera el Gobierno; solo podrían obtenerse a través del decreto de emergencia”, afirmó Jesús David Contreras, alcalde de Tierralta.
La voz de los mandatarios locales
Para los gobiernos locales, los decretos no son una opción política, sino la única herramienta operativa disponible. Fermín Cruz Quintero, alcalde de La Gloria, relató el esfuerzo logístico de los mandatarios para unificar su voz, subrayando que las municipalidades carecen de autonomía para responder a la magnitud del impacto del frente frío.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, defendió la medida: “La única razón por la que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto sería política y no basada en argumentos técnicos”, sentenció, asegurando que la emergencia responde a un fenómeno climático imprevisible y atípico.
Radiografía de la emergencia
La crisis humanitaria ha dejado más de 120.000 familias damnificadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena. Están en riesgo inversiones prioritarias en vivienda, agua potable, salud, educación y obras de mitigación del riesgo.
El pulso por la audiencia técnica
Los alcaldes han radicado una solicitud formal para ser escuchados en una audiencia pública ante los magistrados de la Corte. El objetivo es exponer de primera mano la precariedad de sus territorios y cómo la caída de los decretos afectaría derechos fundamentales como la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos.
Desde la UNGRD se sostiene que la decisión gubernamental está debidamente sustentada en hechos sobrevinientes. Mientras el alto tribunal delibera, el Caribe permanece a la expectativa: de su veredicto depende si la región inicia una reconstrucción sostenible o si se hunde en una parálisis institucional que dejaría desamparadas a miles de personas.
