Las diez estaciones de servicio que operan en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, suspendieron desde este miércoles 29 de abril la venta de combustibles debido a las constantes amenazas y extorsiones por parte de grupos armados ilegales. Esta situación ha generado una alerta por posible desabastecimiento en las próximas horas, lo que impactaría directamente la economía local y la movilidad de los habitantes.
Exigencias económicas a los empresarios
Según información proporcionada por Somos Uno, la unidad gremial que agrupa a Fendipetróleo Nacional y Comce Colombia, a cada una de las estaciones de servicio en la zona se les exige el pago de entre siete y diez millones de pesos cada tres meses. Las primeras versiones apuntan a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás de estas presiones contra los comerciantes y empresarios del Catatumbo.
Otras regiones afectadas
Esta problemática no es aislada. En departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cesar y Valle del Cauca también se han registrado ataques y amenazas contra estaciones de servicio. El gremio advirtió que "la frecuencia y gravedad de los ataques ha escalado a niveles que amenazan gravemente la operación de la red de abastecimiento de combustibles en estas regiones del país".
Consecuencias de los ataques
De acuerdo con Somos Uno, los recientes ataques contra las instalaciones de las estaciones de servicio tienen consecuencias directas e inmediatas:
- Interrupción del abastecimiento de combustibles líquidos: genera desabastecimiento en regiones enteras, afectando a ciudadanos, comercio y servicios.
- Parálisis del transporte y la movilidad: sin combustible, no hay transporte de pasajeros ni de carga, lo que interrumpe la cadena de suministro de alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad.
- Impacto en la seguridad pública: la afectación a la infraestructura de combustibles puede comprometer la operación de servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y atención en salud.
Exigencias al Gobierno
Ante esta crítica situación, el gremio exige de manera enérgica y urgente que las autoridades activen un Puesto de Mando Unificado (PMU) en las regiones afectadas, especialmente en Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cauca. Este PMU debería contar con la presencia y articulación de todas las entidades del Estado con competencia en seguridad, energía y protección de infraestructura crítica. Además, solicitan que se desplieguen y refuercen los operativos de seguridad en el perímetro y zonas de influencia de las estaciones de servicio bajo amenaza.
