El Gobierno de Gustavo Petro logró un avance significativo en el Congreso para revivir el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una de las principales apuestas sociales del Ejecutivo desde el inicio de su mandato. La iniciativa, que había quedado en el limbo tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley que le dio vida, obtuvo respaldo en las comisiones primeras y quedó encaminada hacia su discusión definitiva en las plenarias de Senado y Cámara.
Antecedentes de la controversia
La Corte había declarado inexequible la Ley 2281 de 2023 por irregularidades en el trámite legislativo, aunque otorgó un plazo de dos años para que el Congreso aprobara nuevamente la creación de la cartera. Durante varios meses el proyecto permaneció sin mayores avances, pero el Ejecutivo reactivó la discusión con un mensaje de urgencia e insistencia.
Críticas de la oposición
La discusión tomó fuerza en las últimas semanas en medio de fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Uno de los más críticos fue el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, quien cuestionó los gastos ejecutados por la entidad durante sus primeros años de funcionamiento. El congresista aseguró que “vemos que se han gastado $947 millones en tiquetes aéreos, $4.994 millones en contratos de arrendamiento, $2.000 millones en contratos de logística para eventos y actividades, $3.000 millones en temas digitales y cientos de millones en persianas, sillas, envases, accesorios”.
Además, sostuvo que “con los $2,8 billones que le han asignado al Ministerio de la Igualdad, podríamos ayudar a más de 170.000 estudiantes que se han visto afectados por la crisis del Icetex. Casi que le solucionaríamos el problema a esos 205.000 estudiantes que no tienen cómo pagar las deudas impagables”.
Respuesta del oficialismo
Desde la bancada oficialista, el representante Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, confirmó que el proyecto consiguió las mayorías necesarias para seguir avanzando en el Legislativo. Parte de los acuerdos alcanzados incluirían ajustes institucionales y posibles fusiones con entidades sociales del Estado, entre ellas el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
“Hay algunas proposiciones en el centro del debate, como aquella que quiere fusionar algunas entidades que tienen que ver con el propósito del Ministerio de la Igualdad, pero se está buscando un acuerdo para que esa formulación cuente con el respaldo del Gobierno y las bancadas”, explicó Becerra.
Según lo discutido en las comisiones, las facultades para ejecutar esos cambios recaerían en el próximo presidente de la República, quien asumirá el cargo el 7 de agosto.
Declaraciones del ministro
Por su parte, el ministro de Igualdad, Luis Eduardo Acosta, reconoció durante el debate que la entidad ha tenido dificultades operativas desde su puesta en marcha. “Hay baja ejecución porque se está reestructurando y reorganizando y precisamente por eso queremos mantener el Ministerio, para aumentar la ejecución. Uno tiene que aceptar que ha habido errores y de los errores aprendemos y por eso estamos proyectado este Ministerio, que es de la comunidad, de la gente”, afirmó.
Próximos pasos
Tras este primer respaldo, el proyecto deberá superar ahora la votación en las plenarias de Senado y Cámara antes del 16 de junio, fecha en la que concluyen las sesiones ordinarias del Congreso.
