El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una crisis multifacética
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se encuentra en una situación crítica a pocos meses de haber asumido el cargo. Diversos frentes de conflicto amenazan con desestabilizar su administración, desde protestas indígenas hasta una ola de sicariato que ha golpeado al sistema judicial.
La marcha indígena y la ley de tierras
El detonante inicial fue la promulgación de la ley 1720 de conversión de tierras, anunciada el 8 de abril en Santa Cruz. Esta norma permitía convertir voluntariamente la pequeña propiedad en mediana propiedad para acceder a créditos bancarios. Sin embargo, organizaciones indígenas y la Fundación Tierra la calificaron de inconstitucional, argumentando que amenaza la propiedad colectiva y favorece la reconcentración de tierras en manos de grandes agroindustriales.
Más de 300 indígenas de las regiones de Pando y Beni iniciaron una marcha hacia La Paz que duró casi un mes, llegando el 4 de mayo. La protesta recuerda la del Tipnis de 2011, que marcó el declive de Evo Morales. Los manifestantes denuncian que la ley no fue consultada y que, de perder sus tierras, estas serán adquiridas por empresarios para expandir la frontera agrícola, generando deforestación y quema indiscriminada.
La presión social obligó a la Asamblea Legislativa a abrogar la norma en ambas cámaras. Sin embargo, los indígenas permanecen en La Paz a la espera de la publicación oficial de la medida, desconfiando de las acciones del gobierno.
Sicariato y crimen organizado
El sicariato se ha convertido en un grave problema de seguridad. El asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, a manos de sicarios en Santa Cruz, conmocionó al país. Claure era conocido por su lucha contra el avasallamiento de tierras y la minería ilegal. Desde enero se han registrado 14 asesinatos por encargo entre Santa Cruz y Cochabamba, incluyendo el Chapare, bastión de Evo Morales.
El gobierno convocó una reunión de emergencia y anunció medidas como el refuerzo militar en zonas fronterizas y la creación de un grupo táctico contra el crimen organizado.
Combustible de mala calidad
El sector del transporte público denunció en enero la mala calidad de la gasolina, que causaba daños mecánicos en los vehículos. Un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés encontró sedimentos gomosos, plomo y manganeso en el combustible. El gobierno calificó el hecho como sabotaje y habilitó un sistema de registro para indemnizar a los afectados, con un costo estimado de dos millones de dólares. Este escándalo costó el cargo al ministro de Hidrocarburos y a la presidenta de YPFB.
Crisis con los maestros
La ministra de Educación, Beatriz García, declaró que los maestros ganan en promedio 9.600 bolivianos (1.399 dólares), lo que generó indignación ante la precariedad salarial del sector. Los maestros exigieron su renuncia y, el 14 de mayo, centenares de ellos apedrearon el Ministerio de Educación, causando destrozos y dejando varios funcionarios heridos.
Movimiento obrero y la COB
La Central Obrera Boliviana (COB), antes aliada del gobierno, presentó un pliego petitorio exigiendo un aumento del 20% al salario mínimo. El gobierno rechazó la demanda, ya que había otorgado un incremento del 10% en diciembre. La COB también patrocinó protestas de mineros cooperativistas y bloqueos campesinos que han generado desabastecimiento en las ciudades.
El escándalo de las narcomaletas
En noviembre pasado, la exdiputada Laura Rojas ingresó a Bolivia con 32 maletas sin pasar por aduanas, usando un pasaporte diplomático al que ya no tenía derecho. El contenido de las maletas sigue siendo un misterio, y la Fiscalía investiga tráfico de sustancias controladas. Varios funcionarios de Aduana fueron suspendidos, pero la percepción general es que los responsables siguen impunes.
Exigencias de renuncia y perspectivas
Todos los sectores confluyen en exigir la renuncia del presidente Paz. El analista político Alex Contreras señala que el gobierno no ha mostrado un plan de gobierno y ha cometido errores que generaron desconfianza. Andrés Gómez Vela plantea cinco posibles salidas para Paz: reprimir, ceder, desgastarse, reconfigurar el gobierno o renunciar. Las próximas 48 horas serán cruciales para el futuro del país.
