El decreto 0415 de 2026, emitido por el gobierno de Gustavo Petro, ordena a los fondos de pensiones transferir a Colpensiones más de 27 billones de pesos colombianos en las próximas semanas. Esta medida ha generado reacciones tanto de la oposición como del oficialismo, y afecta directamente a 119.632 personas que pasaron de fondos privados a la entidad dirigida por Jaime Dussán.
Críticas de la oposición
Expertos señalan que la medida contradice la reforma pensional del gobierno, la cual sigue estancada en la Corte Constitucional. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) calificó la acción como "un robo descarado al ahorro de los colombianos" y anunció una demanda contra el decreto, al igual que el abogado Abelardo de la Espriella. Valencia argumentó que la reforma pensional establece que los fondos privados deben administrar los recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse, y que el Congreso no contempló un giro automático a Colpensiones.
Reacciones desde el oficialismo
El presidente Petro defendió el decreto, afirmando que "el ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes" y que Colpensiones no entrega dinero al Gobierno, sino que este último aporta más de 12 billones de pesos anuales para pagar pensiones. Por su parte, el director de Colpensiones, Jaime Dussán, calificó el monto como "un pelo de gato" comparado con los recursos de los fondos privados y anunció una mesa técnica con la Superfinanciera y las AFP para la próxima semana.
Posición de otros sectores
La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) indicó que cerca de 5 billones de pesos corresponden a nuevos pensionados y deben transferirse de inmediato según el artículo 76 de la reforma. Sin embargo, advirtió que el dinero restante es de personas que están lejos de jubilarse, lo que viola la misma reforma. Lozano calificó la medida como "abuso de poder" y señaló que "la plata pensional no es caja menor de campaña".
Contexto de la reforma pensional
La reforma pensional fue aprobada en 2024 pero demandada por vicios de trámite, y la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado. Esto ha generado incertidumbre sobre su implementación. El decreto 0415 de 2026 busca resolver el limbo jurídico, pero ha sido recibido con controversia.
