El límite del poder presidencial: cuando los jueces deben intervenir
La reciente suspensión del decreto 1469, que aumentaba el salario mínimo en un 23,7%, por parte del Consejo de Estado ha generado un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y el papel fundamental del poder judicial en la democracia colombiana.
La controversia del aumento salarial
Cuando el presidente Petro expidió el decreto que incrementaba significativamente el salario mínimo, la reacción del país fue inmediata y contundente. Sin embargo, cuando un juez decidió suspender temporalmente esta norma y ordenó expedir una nueva que corrigiera los problemas denunciados, las opiniones se dividieron profundamente.
Muchos criticaron la decisión judicial argumentando la necesidad de cumplir con los trabajadores, especialmente en un contexto electoral complejo. Pero esta postura ignora un principio fundamental de nuestro Estado de derecho: ningún poder, ni siquiera el presidencial, está por encima de la ley.
Los riesgos de aumentos desproporcionados
Nadie puede negar la importancia de mejorar los ingresos de los trabajadores más vulnerables, especialmente aquellos que laboran en la formalidad. Sin embargo, existe una línea delicada entre mejorar las condiciones laborales y establecer aumentos que sobrecargan la capacidad productiva de las empresas.
Decretar incrementos salariales que exceden la capacidad real de pago de las estructuras productivas puede generar efectos contraproducentes, como la sustitución de mano de obra por tecnología o la sobrecarga de trabajo para los empleados que permanecen, amenazando así la estabilidad laboral a mediano y largo plazo.
El papel contramayoritario de los jueces
El poder presidencial, por fuerte que parezca, tiene límites constitucionales claramente establecidos. En épocas electorales como la actual, los gobernantes que trascienden positivamente son aquellos cuyas acciones enseñan a los ciudadanos que no todo es posible ni permisible dentro del marco legal.
Cuando un gobernante, por razones de rentabilidad electoral, toma decisiones que exceden su competencia o que no consideran adecuadamente los criterios económicos y constitucionales establecidos, corresponde al poder judicial intervenir para proteger el interés público.
La decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado respondió a denuncias presentadas por ciudadanos y organizaciones sociales que argumentaban que el aumento salarial había sido expedido de manera irregular, con falta de competencia adecuada y con posible desviación de poder.
El magistrado, después de un estudio preliminar, determinó que existían elementos suficientes para justificar una suspensión cautelar, particularmente por la aparente omisión en la aplicación de "la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos" en la legislación correspondiente.
Esto significa que, mientras se resuelve el fondo del asunto, el Gobierno debe fundamentar adecuadamente, según los términos establecidos por la Constitución y la ley, el monto del ajuste salarial para 2026.
Un precedente importante
La suspensión tiene carácter cautelar y no resuelve definitivamente los cargos por desviación de poder que se han formulado contra el Gobierno. Estos se resolverán en el fallo de fondo que emitirá el Consejo de Estado posteriormente.
Lo más valioso de esta decisión judicial es que establece un precedente crucial: ningún gobernante, independientemente de su popularidad o del contexto electoral, puede utilizar competencias legales para fines distintos a los establecidos constitucionalmente.
Este caso debería servir para clarificar y precisar las reglas del juego en la definición del salario mínimo, evitando que futuros gobiernos utilicen esta herramienta con fines electorales más que con criterios técnicos y constitucionales.
La importancia del equilibrio de poderes
La democracia colombiana se fortalece cuando cada poder del Estado cumple su función específica dentro de los límites establecidos. Los jueces tienen la responsabilidad constitucional de aplicar la ley y proteger el interés público cuando el poder ejecutivo excede sus competencias.
Si existe una norma que establece las reglas del juego y define los procedimientos adecuados, incluso el presidente y sus ministros deben someterse al imperio de la ley. Este principio fundamental es lo que garantiza la estabilidad institucional y el respeto por el Estado de derecho.
La intervención del Consejo de Estado en este caso no es un acto contra el Gobierno, sino a favor de la Constitución y del adecuado funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
