Fusiles y urnas: el riesgo de la democracia condicionada por el poder armado
En Colombia, la historia reciente ha demostrado con claridad cómo funciona el poder armado cuando se entrelaza con la dinámica política. Primero se consolidan los territorios bajo control de grupos ilegales, luego disminuye la presión militar y finalmente se imponen directrices sobre por quién deben votar los ciudadanos. Este patrón, que parecía superado, resurge con preocupantes similitudes en el contexto actual.
El precedente histórico de la parapolítica
La experiencia de la parapolítica dejó una lección fundamental: no se requieren fraudes electorales masivos para capturar la democracia. Basta con el control armado sobre regiones enteras para condicionar los resultados de las votaciones. Comunidades completas han votado históricamente bajo la certeza de que existía un poder superior al del Estado observando cada decisión. Esta memoria no es retórica política, sino historia judicial documentada que ahora parece repetirse.
Cuando el poder armado gana espacio territorial y la autoridad legítima del Estado se repliega, la democracia deja de ser plenamente libre y comienza a ser apenas formal. Las urnas deben llenarse de decisiones libres, no de voluntades condicionadas por el miedo o la coerción.
Las Zonas de Ubicación Temporal: reducción de presión estatal
La preocupación se intensifica con el anuncio de que, a partir del 1 de marzo de 2026, comenzarán a operar las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios estratégicos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó. Estos territorios, donde se concentrarán integrantes del Clan del Golfo, una de las estructuras narcotraficantes más poderosas del país, verán suspendidas órdenes de captura contra 8.945 miembros de esta organización, así como solicitudes de extradición en su contra.
No se trata de un simple tecnicismo jurídico, sino de una reducción sustancial y deliberada de la presión estatal sobre una estructura criminal con presencia territorial consolidada y capacidad real de coerción sobre las poblaciones. La situación adquiere dimensiones alarmantes cuando el máximo jefe del grupo más grande del narcotráfico mundial deja de ser considerado "objetivo de alto valor" y se le levantan procesos judiciales pendientes.
Control territorial y condicionamiento electoral
El caso del Parque Tayrona resulta ilustrativo de esta dinámica. El cierre temporal de este importante parque nacional dejó al descubierto la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Testimonios de habitantes y visitantes describen hombres armados regulando accesos, estableciendo normas de comportamiento y controlando actividades económicas, mientras la presencia estatal brilla por su ausencia.
Cuando un grupo armado regula la economía local, el transporte, la vida social y la seguridad de una región, controla inevitablemente también por quién se vota. No se requiere una orden explícita para influir políticamente: bastan el miedo generalizado y la certeza colectiva sobre quién detenta el poder real en el territorio. Aparecen entonces votaciones atípicas en regiones dominadas por el narcotráfico y la minería ilegal.
Zonas donde el comandante decide el voto
Existen regiones completas donde el comandante armado decide por quién se marca la X en las urnas; donde el ciudadano que no obedece las directrices paga con su libertad o incluso con su vida; donde los candidatos opositores no pueden hacer campaña ni ingresar al territorio. Esta realidad, que parecía superada, amenaza con resurgir precisamente en vísperas de importantes procesos electorales.
Todo este proceso avanza pese a la demanda radicada el 21 de enero de 2026 contra la Resolución del 22 de diciembre de 2025 que creó las ZUT, actualmente en estudio del Consejo de Estado. En dicha demanda se solicitó específicamente la suspensión provisional del acto administrativo para proteger a la población civil de posibles abusos y condicionamientos.
Urgencia institucional y responsabilidad democrática
El Consejo de Estado debe decidir con urgencia absoluta. Antes de que las Zonas de Ubicación Temporal entren en operación. Antes de que el calendario electoral avance irreversiblemente. Antes de que el riesgo institucional se convierta en un hecho consumado difícil de revertir. En sus manos está impedir que amplias regiones del país queden bajo un esquema que reduce deliberadamente la presión estatal en plena recta electoral.
Este no es un debate ideológico entre posiciones políticas. Es una advertencia democrática fundamental. La Constitución de 1991 nació precisamente para reemplazar la fuerza bruta por el derecho, la coerción por la libertad, la imposición por la deliberación. Si el Estado retrocede en el territorio y cede espacios a poderes armados ilegítimos, esa promesa constitucional se debilita peligrosamente.
En una República auténtica, los fusiles no pueden -ni deben- llenar de votos las urnas. La democracia colombiana enfrenta nuevamente el desafío de proteger su integridad frente a poderes que buscan condicionarla desde la sombra del armamento y el control territorial. El momento de actuar es ahora, antes de que la formalidad electoral eclipse completamente la libertad real que debe caracterizar todo proceso democrático.
