Junta de Ecopetrol enfrenta decisión crucial sobre Ricardo Roa tras imputaciones penales
La junta directiva de Ecopetrol se encuentra profundamente dividida mientras se prepara para tomar una decisión histórica sobre la permanencia de Ricardo Roa como presidente de la petrolera estatal, quien enfrenta imputaciones penales por tráfico de influencias y presuntas violaciones a los topes de campaña durante las elecciones presidenciales de 2022.
División interna y constancias de protección
Cuatro de los nueve miembros de la junta directiva dejarían constancias escritas durante la sesión de este martes para protegerse de posibles sanciones administrativas y judiciales. Según fuentes internas consultadas por EL TIEMPO, esta medida busca salvaguardar sus posiciones ante las investigaciones que podrían derivarse de la decisión sobre Roa.
César Loza, representante de la Unión Sindical Obrera (USO), lidera la posición que exige la salida de Roa, a pesar de reconocer que se debe respetar su presunción de inocencia. La USO ha amenazado con convocar una huelga si el presidente Gustavo Petro insiste en mantener a Roa en su cargo, lo que afectaría aproximadamente a 25.000 trabajadores de los 87.000 que conforman la fuerza laboral de Ecopetrol.
Presión política y requerimientos institucionales
La situación se complica con múltiples presiones externas. EL TIEMPO revela que la junta recibió cinco puntos críticos de análisis, incluyendo un requerimiento formal de la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes, elevado por el congresista Luis Ramiro Ricardo Buelvas.
Además, los principales fondos de pensiones del país -Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia- han manifestado su preocupación por el impacto de las imputaciones contra Roa y solicitaron un plan de continuidad que hasta ahora no se ha conocido públicamente.
El factor internacional y las instrucciones presidenciales
La situación adquiere dimensiones internacionales, ya que Ecopetrol, como emisor en bolsa, está sujeta a la jurisdicción de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, organismo que también estaría indagando la situación legal de Roa.
Sin embargo, fuentes cercanas a la petrolera indican que "la instrucción desde Casa de Nariño es que debe continuar", en referencia al apoyo explícito del presidente Gustavo Petro a Roa. El mandatario ha calificado las investigaciones como parte de una conspiración de grupos empresariales para recuperar el control de Ecopetrol en pleno proceso electoral.
Investigación sobre el apartamento y vínculos cuestionables
Uno de los puntos más sensibles gira alrededor de la compra del apartamento 901 por parte de Roa, valorado en 1.800 millones de pesos. Documentos internos de Ecopetrol sugerirían que Roa ha entregado diferentes versiones sobre el origen de los fondos, aunque él insiste en que fue una transacción legal y transparente.
La investigación se centra en la posible conexión con Juan Guillermo Mancera, expolicía cercano a Roa que aparece como intermediario en la compra del inmueble. Se indaga si a través de las líneas éticas de Ecopetrol se recibieron alertas sobre este caso o sobre un presunto favorecimiento a Mancera en proyectos de Hocol, filial de la petrolera.
Próximos pasos y nueva imputación
La junta deberá tomar una decisión definitiva este martes, mientras Roa enfrenta una nueva imputación programada para el 8 de abril por presuntas violaciones a los topes de campaña. La sesión concluirá con un comunicado oficial donde se anunciará quiénes apoyan y quiénes rechazan la permanencia del presidente de la compañía más importante del país.
La división en la junta refleja la complejidad de un caso que mezcla aspectos legales, políticos y financieros, con implicaciones tanto nacionales como internacionales para el futuro de la principal empresa petrolera colombiana.
