Petro arremete contra decisión judicial y anuncia ofensiva tributaria
El presidente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente contra el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la emergencia económica decretada por su gobierno en diciembre de 2025. El mandatario no solo cuestionó la decisión judicial, sino que advirtió sobre graves consecuencias fiscales para el país y anunció una nueva ofensiva legislativa con un tercer proyecto de reforma tributaria.
La controversia constitucional
La Corte Constitucional, con una votación de 6 a 2 en Sala Plena y ponencia del magistrado Carlos Camargo, declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. Este decreto había dado luz verde a la emergencia económica que buscaba generar aproximadamente $11 billones en nuevos recaudos para el gobierno nacional.
El presidente Petro rechazó frontalmente la decisión, argumentando que representa una "interpretación equivocada de la realidad fiscal del país". Según sus declaraciones, "los hechos demuestran que teníamos razón y ya estamos ante un fuerte encarecimiento de la deuda innecesario".
Origen del conflicto institucional
El origen de esta controversia se remonta a diciembre pasado, cuando la Comisión Tercera del Senado hundió el segundo proyecto de financiamiento del presupuesto del gobierno Petro. Ante ese bloqueo legislativo, el ejecutivo recurrió a la figura de la emergencia económica, una medida extraordinaria contemplada en la Constitución para situaciones de grave perturbación del orden económico.
Las medidas contempladas en la emergencia incluían:
- Una sobretasa de 15 puntos al impuesto de renta del sector financiero
- Ajustes en el impuesto al patrimonio para personas con activos superiores a $2.094 millones
- Gravámenes sobre bienes de lujo como yates y aeronaves
Las advertencias presidenciales
Petro fue explícito al señalar que el daño fiscal ya está en curso: "Claro que es un hecho extraordinario para un país el que se le dispare la tasa de interés de la deuda, el magistrado está equivocado". El mandatario fundamentó su posición en principios económicos básicos, argumentando que un país con déficit fiscal primario no puede sostener una tasa real de interés por encima de su tasa real de crecimiento económico sin comprometer la viabilidad de su deuda pública.
La respuesta del gobierno
Frente a esta situación, el presidente Petro anunció dos acciones concretas:
- Reducir la tasa de interés cuanto antes para estimular la producción y el empleo, apoyándose en la sentencia C-481 de 1999 del magistrado Alejandro Martínez Caballero, que en su criterio ordenaba coordinar los objetivos del Banco de la República con el gobierno nacional.
- Radicar ante el Congreso un tercer proyecto de reforma tributaria que mantiene la misma lógica del paquete que la Corte acaba de tumbar: cargar el peso fiscal sobre las capas más ricas e improductivas de la sociedad.
Según Petro, "volveré a entregar al congreso el tercer proyecto de reforma tributaria con este objetivo", confirmando así su determinación de avanzar con la agenda fiscal pese al revés judicial.
Fundamentos constitucionales
El presidente fundamentó su propuesta en principios constitucionales, señalando que "la progresividad del sistema tributario obliga a que quienes más tienen tributen más que proporcionalmente respecto a quienes menos tienen". Esta premisa, según su interpretación, constituye la base fiscal del Estado Social de Derecho que consagra la Constitución de 1991.
Petro estableció además una conexión histórica entre decisiones judiciales, afirmando que "fue la Corte Constitucional de 1999 la que ordenó lo que le pedí a la Corte Constitucional del 2026", trazando así una línea directa entre ambos momentos institucionales.
El panorama legislativo
Se prevé que el Gobierno llegue al Congreso con una propuesta tributaria similar a la que fue derrotada en dos instancias: primero en la comisión senatorial y ahora en la Corte Constitucional. El desenlace de este nuevo intento dependerá de la capacidad del legislativo para encontrar una salida fiscal que satisfaga tanto las necesidades del gobierno como los controles constitucionales.
Esta confrontación entre el ejecutivo y la Corte Constitucional marca un nuevo capítulo en las tensiones institucionales alrededor de la política fiscal colombiana, con implicaciones significativas para la estabilidad económica y el equilibrio de poderes en el país.
