La defensa presidencial que genera controversia en plena campaña electoral
En medio del tenso ambiente preelectoral colombiano, el presidente Gustavo Petro ha salido en defensa del candidato presidencial Iván Cepeda con una afirmación que ha generado intenso debate jurídico y político. A través de la red social X, el mandatario aseguró que los computadores del fallecido comandante guerrillero 'Raúl Reyes' fueron declarados prueba inválida "por qué fueron manipulados antes de llegar a la justicia".
El contexto de la polémica declaración
La intervención del presidente Petro se produjo después de que el expresidente Álvaro Uribe afirmara en Caracol Radio que los documentos contenidos en los dispositivos del cabecilla guerrillero demostrarían que Cepeda "trabajaba para las Farc". Esta declaración se suma a la solicitud que el candidato presidencial Daniel Palacios presentó ante la fiscal estadounidense Pam Bondy para que investigue penalmente a Cepeda por sus menciones en los archivos.
Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia colombiana efectivamente declaró inválidos esos contenidos para ser utilizados como pruebas en causas penales dentro del país, pero los fundamentos de esa decisión distan significativamente de lo afirmado por el presidente.
Los verdaderos argumentos de la Corte Suprema
El alto tribunal basó su decisión en tres consideraciones principales que no incluyen la manipulación alegada por Petro:
- La imposibilidad de verificar si los llamados correos electrónicos eran realmente tales, al encontrarse en formato Word como archivos estáticos sin conexión entre origen y destino.
- La recuperación de los dispositivos por personal militar en lugar de la policía judicial, como exige la ley.
- La ejecución del operativo militar en territorio ecuatoriano sin la autorización previa del gobierno vecino, violando acuerdos internacionales.
En ninguna parte de su pronunciamiento la Corte Suprema menciona que hubiera existido "manipulación" de los contenidos, término que el presidente Petro ha incorporado al debate público.
La réplica de Cepeda y las certificaciones internacionales
El candidato presidencial Iván Cepeda, generalmente reacio a dar declaraciones a medios de comunicación, ha respaldado la tesis de su defensor presidencial, enfatizando que "el material fue manipulado" debido a que no se respetó la cadena de custodia.
Sin embargo, esta posición contrasta con certificaciones internacionales de prestigio. Interpol, la mayor organización policial mundial, realizó un informe de 39 páginas donde aseguró que "no hubo interferencia o alteración de cualquier dato contenido en los archivos" después de su decomiso en marzo de 2008. El entonces director Ronald Noble afirmó categóricamente en Bogotá que estaban "completamente seguros de que las evidencias, las computadoras, vinieron de un campamento terrorista de las Farc".
De manera similar, el Centro Británico de Estudios Estratégicos publicó en mayo de 2001 la totalidad de los archivos encontrados, respaldando su autenticidad.
El trasfondo político y regional
La polémica tiene profundas raíces políticas que trascienden las fronteras colombianas. El informe de Interpol generó tensiones con el régimen venezolano de Hugo Chávez, ya que contenía informaciones que sugerían estrechas relaciones entre Caracas y las Farc. Chávez respondió calificando a Noble de "policía indigno" y descalificando los hallazgos como un "'show' de payasos".
Por su parte, el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa -hoy prófugo en Bélgica y señalado de recibir financiamiento guerrillero- sostuvo que la información había sido manipulada, posición que curiosamente coincide con la que ahora defiende el presidente Petro en plena campaña electoral.
Esta coincidencia de argumentos entre Petro y Correa, sumada a la ausencia de fundamentación en los pronunciamientos de la Corte Suprema, ha generado cuestionamientos sobre el rigor argumentativo del presidente colombiano, especialmente considerando la responsabilidad que conlleva su cargo y el impacto que sus declaraciones tienen en el debate político nacional.
La discusión se enmarca en un contexto electoral particularmente polarizado, donde cada afirmación presidencial adquiere dimensiones estratégicas que trascienden el debate jurídico para instalarse en el terreno de la contienda política.
