Petro se defiende ante el CNE por presuntas violaciones a topes electorales
El presidente Gustavo Petro ha salido al paso de las acusaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmando categóricamente que su campaña presidencial no incurrió en violación de los topes electorales. La declaración del mandatario se produce luego de conocerse que en el órgano electoral fue radicada una ponencia que propone dejar en firme las sanciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.
"Mi campaña no violó topes electorales. No es la oposición, mayoría en el CNE, quien puede juzgarnos", escribió Petro en su cuenta de X, en clara referencia al proyecto de decisión que deberá ser votado en la Sala Plena del tribunal electoral en los próximos días.
La ponencia del magistrado Ortiz
El magistrado Benjamín Ortiz presentó un proyecto de decisión en el que propone rechazar los recursos de apelación interpuestos por los sancionados y ratificar las multas impuestas a la campaña Petro Presidente 2022-2026. Según las investigaciones del CNE, la campaña habría superado los límites de financiación en aproximadamente 5.300 millones de pesos, distribuidos en cerca de 3.700 millones en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda.
La sanción administrativa incluye multas contra tres figuras clave de la campaña:
- Ricardo Roa, gerente de la campaña
- Lucy Aydee Mogollón, tesorera
- María Lucy Soto, auditora
Cada uno debería asumir pagos que superan los 2.000 millones de pesos por financiación irregular y otros 2.000 millones por violación de topes en primera vuelta, además de una suma cercana a 600 millones por lo relacionado con la segunda vuelta.
Recursos y procesos paralelos
Los apoderados de Ricardo Roa y Mari Lucy Soto han alegado una supuesta falta de competencia del CNE para investigar y sancionar irregularidades en campañas presidenciales, así como presuntas irregularidades procesales. También plantearon reparos por la participación del conjuez Majer Abushihab en el trámite, al considerar que debía haberse declarado impedido.
Sin embargo, el CNE sostiene que no existe constancia de irregularidad alguna que afecte la validez del proceso. En paralelo al frente administrativo, el caso avanza en el ámbito penal. La Fiscalía General de la Nación recibió compulsas de copias tanto del CNE como de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue posibles delitos como violación de topes electorales y fraude procesal.
En ese contexto está previsto que Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, sea imputado el 12 de marzo por hechos relacionados con este mismo expediente. Roa también será acusado de tráfico de influencias, por la adquisición de su apartamento, aunque ha rechazado cualquier comportamiento ilícito.
La situación pone en evidencia las tensiones entre el gobierno de Petro y los organismos de control, en un caso que podría tener importantes repercusiones políticas y jurídicas en los próximos días.
