Presidente Petro defiende contratación de abogado con recursos estatales para salir de lista OFAC
El presidente Gustavo Petro ha salido públicamente a defender la contratación de un abogado internacional con fondos públicos para lograr su retiro de la lista OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, más conocida como lista Clinton. El mandatario asegura tener derecho a defenderse como servidor público ante sanciones que considera injustas.
Contrato multimillonario bajo la lupa
A comienzos de año, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) oficializó un contrato por 10.000 millones de pesos para la defensa jurídica internacional del Ejecutivo. La polémica surgió cuando se reveló que estos recursos se destinarían específicamente a la defensa personal del presidente Petro y miembros de su familia afectados por la misma medida: la primera dama Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro.
Lo particular del caso es que el abogado estadounidense Dan Kovalik inicialmente se había ofrecido a asumir la defensa de forma gratuita, pero finalmente el Estado colombiano procedió con una contratación directa por aproximadamente 2 millones de dólares con la firma Amadeus Consultancy Limited.
Justificación presidencial y cuestionamientos
"En acciones de la presidencia protegidas por leyes internacionales y nacionales del país donde se me asignan la comisión de irregularidades, tengo el derecho de defenderme como servidor público", declaró el presidente Petro. El mandatario vinculó su inclusión en la lista Clinton con su llamado, desde Nueva York, al Ejército estadounidense para desobedecer órdenes de Donald Trump durante su presidencia.
Sin embargo, la representante a la Cámara Katherine Miranda presentó una denuncia que destapó posibles irregularidades en la estructuración del contrato, especialmente por haberse realizado justo antes del comienzo de la ley de garantías. La congresista señaló que "los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender los problemas personales del presidente ni su esposa".
Investigación de la Procuraduría
Tras conocerse los detalles del contrato, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa por una queja disciplinaria presentada por la representante Miranda. La investigación busca determinar la actuación de los funcionarios del DAPRE involucrados en esta contratación directa.
"Esta investigación se abre gracias a la denuncia que presentamos ante la Procuraduría y la Contraloría. Los recursos públicos son sagrados y deben respetarse", afirmó la congresista, quien celebró la decisión del Ministerio Público.
Contexto de las sanciones
Cabe recordar que desde el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; el hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta medida, conocida coloquialmente como "lista Clinton", impone restricciones financieras y comerciales a individuos y entidades.
El contrato en cuestión tenía como objeto específico lograr el retiro del presidente y su esposa de esta lista, generando un debate sobre los límites entre la defensa personal y el uso de recursos estatales en casos que involucran a altos funcionarios del gobierno.
