El presidente Gustavo Petro rechazó en la tarde de este miércoles la suspensión del decreto 0182 de 2026 por parte del Consejo de Estado, el cual ordenaba el traslado forzoso de más de seis millones de afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario afirmó que el alto tribunal "le hace grave daño a la salud", ya que la salud preventiva se fundamenta en una circunscripción territorial y no puede lograrse con una dispersión de afiliados. Según Petro, el primer pilar de un sistema de salud eficiente es la prevención.
Decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado determinó que el decreto 0182 de 2026 generaba un riesgo de afectación al derecho fundamental a la salud, en particular a la libre escogencia de los usuarios, así como a los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio. Esta norma, expedida el 25 de febrero, modificaba el modelo de aseguramiento en salud, priorizando un enfoque territorial y ordenando el traslado de 6,6 millones de usuarios, principalmente a EPS intervenidas como Nueva EPS.
Impacto del decreto suspendido
El nuevo modelo buscaba depurar las EPS para concentrar el sistema en menos operadores por zona geográfica. El Gobierno argumentaba que este traslado masivo aliviaría la crisis de liquidez que enfrenta el sistema de salud, la cual ha repercutido negativamente en la atención de los usuarios. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la medida podría ser contraria a las normas vigentes y suspendió su aplicación.
Reacciones políticas
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien demandó el decreto, celebró la decisión del alto tribunal. "Logramos que el Consejo de Estado frenara el decreto con el que el Gobierno pretendía mover millones de usuarios a la Nueva EPS sin su consentimiento. Una EPS intervenida por el mismo Gobierno y que hoy enfrenta miles de quejas por demoras, falta de medicamentos y fallas en la atención", declaró.
Por su parte, la senadora del partido de la 'U', Norma Hurtado, también se pronunció: "La justicia frenó el Decreto 0182 —que pretendía trasladar a millones de personas a un modelo de salud estatal sin previo aviso— y con esto gana el sentido común. Nos hemos opuesto a permitir que 6.6 millones de colombianos fueran usados como fichas de un experimento, obligándolos a saltar a una Nueva EPS que hoy ni siquiera puede con sus propios usuarios".
Antecedentes judiciales
Cabe recordar que el Tribunal de Cundinamarca ya había dictado una medida cautelar de suspensión provisional del decreto mediante un fallo en una acción popular. El Consejo de Estado, al pronunciarse sobre su legalidad, advirtió que podría ser contrario a las disposiciones legales actuales.
