La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia ha divulgado el borrador de lo que sería su primer acto administrativo si llega a la Presidencia en 2026. Se trata del decreto número 0001 de 2026, cuyo objetivo central es la revocatoria de las designaciones de 'Gestores de Paz' y la reactivación de las órdenes de captura contra miembros de estructuras armadas que actualmente gozan de beneficios judiciales bajo la política de 'Paz Total'.
Motivos del decreto
El texto justifica la medida señalando que la política de paz implementada por la administración anterior ha generado graves cuestionamientos por parte de la opinión pública, las víctimas, la Rama Judicial y el Congreso de la República. Según el documento, la designación de cabecillas de estructuras armadas como 'Gestores de Paz' ha derivado en la suspensión de órdenes de captura y en situaciones de impunidad, lo que afecta gravemente la seguridad ciudadana y el principio de legalidad.
Fundamento legal
El decreto propuesto cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente la sentencia C-525 de 2023, que establece que la suspensión de medidas de aseguramiento no es automática y que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de control de garantías evaluar su procedencia, preservando la autonomía de la Rama Judicial.
Incumplimientos de grupos armados
Uno de los puntos más críticos es la denuncia de incumplimientos sistemáticos por parte de los grupos armados en las mesas de diálogo, incluyendo violaciones al Derecho Internacional Humanitario, extorsiones, reclutamiento de menores y actos de violencia. Estas circunstancias, según el documento, hacen inviable la continuidad de las negociaciones en los términos actuales.
Artículos del decreto
Artículo primero: Revocatoria de las designaciones de Gestores de Paz. Se revocarían todos los actos administrativos expedidos por el gobierno anterior que otorgaron beneficios en el marco de la Ley 2272 de 2022. Los beneficiarios perderían de inmediato cualquier prerrogativa, suspensión de medidas o beneficio derivado de dicha designación.
Artículo segundo: Revocatoria de toda solicitud de suspensión de órdenes de captura formulada ante la Fiscalía o cualquier autoridad judicial a favor de los exdesignados. El Alto Comisionado para la Paz, el ministro de Justicia y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberán solicitar formalmente la reactivación inmediata y plena de las órdenes de captura y medidas de aseguramiento correspondientes.
Artículo tercero: Directriz para la Fuerza Pública y los ministerios de Defensa y Justicia. En un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, se adelantarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del decreto, incluyendo la coordinación directa con la Policía Nacional y la Fiscalía para la ubicación y captura de las personas afectadas.
Fundamento constitucional
El documento fundamenta la necesidad del cambio de política en la obligación constitucional de garantizar el orden público y el respeto a las víctimas. Propone priorizar el sometimiento a la justicia con penas efectivas sobre procesos de negociación que no generen resultados concretos de desmovilización, desarme y reintegración verificables.
El decreto entraría en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial, surtiendo efectos inmediatos sobre el panorama judicial de los actuales procesos de diálogo en el país.
