Nuevas imputaciones en el entorno presidencial
La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes la imputación de cargos contra dos figuras cercanas al presidente Gustavo Petro: Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y Juliana Guerrero, exviceministra de Juventudes. Estas decisiones judiciales amplían significativamente la lista de funcionarios y allegados del mandatario que enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades.
Los cargos específicos
A Ricardo Roa se le imputan cargos por tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, además de presuntas violaciones a los topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, de la cual fue gerente. Por su parte, Juliana Guerrero enfrenta acusaciones por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, debido a que obtuvo un título profesional de la Fundación de Educación Superior San José sin los soportes académicos requeridos, documento que luego utilizó para aspirar a su nombramiento como viceministra.
Un patrón que se consolida
Con estas nuevas imputaciones, Roa y Guerrero se unen a una extensa lista de personas vinculadas al gobierno Petro que han sido llamadas a rendir cuentas ante la justicia. Esta nómina incluye:
- Exministros: Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), actualmente privados de la libertad por presunta conformación de organización criminal para comprar apoyos legislativos.
- Álvaro Leyva Durán, excanciller, imputado por prevaricato en el caso de los pasaportes.
- Familiares del presidente: Su hijo Nicolás Petro Burgos, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su hermano Juan Fernando Petro, investigado por presunta financiación ilegal de campaña.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, con cuatro procesos en la Corte Suprema de Justicia, incluyendo presuntas irregularidades en financiación de campaña.
- Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, prófugo en Nicaragua e imputado por su papel en el escándalo de la UNGRD.
- César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, también prófugo por el caso UNGRD.
- Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y actual embajadora en Reino Unido, investigada por abuso de autoridad.
- María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El contexto de la UNGRD
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha sido particularmente revelador, con varios funcionarios actualmente privados de la libertad, incluyendo al exdirector Olmedo López y los exsubdirectores Sneyder Pinilla y Víctor Mesa. Tanto López como Pinilla han declarado que actuaron siguiendo órdenes superiores, lo que ha dirigido miradas hacia los niveles más altos del gobierno.
Implicaciones políticas y electorales
Las continuas imputaciones contra figuras del entorno presidencial refuerzan entre la opinión pública la percepción de irregularidades en el gobierno, lo que podría tener efectos significativos en el clima político y electoral. Aunque la justicia colombiana demuestra funcionar sin distinciones, afectando incluso a miembros del gobierno, estas investigaciones ocurren en un contexto donde la lucha contra la corrupción fue una promesa cardinal de la administración Petro.
Con seis meses restantes de gobierno y numerosas investigaciones aún en curso, la administración Petro parece encaminarse a constituir un hito particular en la historia política reciente de Colombia, no solo por el número de imputados de alto perfil, sino por la proximidad de estos al presidente, quien en múltiples ocasiones ha defendido públicamente a varios de los investigados.
