El síndrome de la sospecha política: un análisis sobre la gestión gubernamental
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado ha generado un intenso debate que, lamentablemente, se ha centrado más en aspectos políticos que jurídicos. En lugar de analizar los fundamentos legales, la discusión se ha llenado de suspicacias y especulaciones sobre motivaciones electorales.
La discrecionalidad presidencial y sus límites
Lo que parece querer aclarar el Consejo de Estado es que la facultad del Presidente para fijar el salario mínimo no es completamente discrecional. Esta decisión debe acogerse a criterios técnicos establecidos dentro de la mesa de concertación tripartita, donde participan el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. El objetivo fundamental es evitar que la fijación del salario mínimo pase de la discrecionalidad a la arbitrariedad.
En el caso específico, el aumento del 23,7% se situó fuera de los rangos propuestos por ambas partes en la mesa de concertación. El Gobierno podría haber optado por acercarse a alguna de las propuestas, pero en cambio tomó una decisión que muchos consideran arbitraria y que irrespetó el proceso de democracia participativa allí representado.
El recurso constante al estado de excepción
Este gobierno ha acudido en cuatro ocasiones al estado de excepción para gobernar: primero por la crisis social en La Guajira, luego por la situación de orden público en el Catatumbo, y en menos de dos meses ha dictado dos decretos de emergencia económica. El decreto de finales del año pasado se justificó por la caída en el Congreso de la ley de financiación, mientras que el más reciente responde a la emergencia por el invierno.
La Corte Constitucional debe examinar si estos motivos son realmente sobrevinientes e inesperados, y si justifican gobernar por decreto e imponer nuevos impuestos. Uno de los argumentos más sólidos para declarar inconstitucional el primer decreto es que las medidas de excepción no están diseñadas para que el Presidente gobierne por decreto cada vez que el Congreso no legisla como él desea.
La cuestión fiscal: austeridad versus gasto político
El Gobierno sí tendría recursos para manejar la crisis actual si hubiera ejercido una política fiscal más austera y controlado el gasto público. La evidencia es contundente: durante períodos electorales, la ley de garantías prohíbe acudir a la contratación pública precisamente para evitar el uso clientelista del presupuesto.
Sin embargo, se celebraron 116.813 nuevos contratos por valor de $14,8 billones, muchos de ellos firmados directamente en enero, justo cuando el Gobierno buscaba $11 billones mediante nuevos impuestos decretados por una emergencia económica en diciembre. Dos meses después, lanza otro decreto de emergencia económica que garantizaría ingresos por $8 billones adicionales para enfrentar las inundaciones.
La pregunta fundamental es: ¿no hubiera sido más prudente ahorrar esos casi $14 billones en contratación politiquera y a dedo, en lugar de tener que recurrir constantemente a nuevos impuestos?
Una advertencia para futuros gobiernos
La decisión del Consejo de Estado debería servir como una clara advertencia hacia futuros gobiernos: incluso el populismo electoral encuentra límites en nuestro sistema institucional. Queda demostrado que no hubo suficiente prudencia en el uso de los recursos del Estado, lo que habría permitido estar mejor preparados para atender catástrofes naturales sin necesidad de recurrir constantemente a medidas excepcionales.
El Gobierno no está eximido de responsabilidad en esta situación. La falta de austeridad fiscal y el uso cuestionable de los recursos públicos durante períodos electorales han dejado al Estado en una posición vulnerable frente a emergencias que, en un país como Colombia, son recurrentes y previsibles en cierta medida.
