El concurso adelantado por el Ministerio del Trabajo y la Universidad de Pamplona para renovar la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez ha generado inquietudes entre aspirantes y actuales integrantes, quienes denuncian sombras en la convocatoria. Documentos y testimonios conocidos en exclusiva por Portafolio advierten sobre un proceso que avanza a ritmo acelerado, con cronogramas publicados por etapas y criterios de exclusión cuestionados.
El papel crucial de las Juntas de Calificación de Invalidez
Estas juntas emiten dictámenes técnicos que resuelven controversias sobre pensiones de invalidez, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en todas las empresas del país. Sus decisiones establecen el origen de enfermedades y accidentes, la pérdida de capacidad laboral, el grado de invalidez y la fecha de estructuración de una condición médica. Dichos conceptos son determinantes para el reconocimiento de pensiones, indemnizaciones y otras prestaciones económicas, además de resolver diferencias entre trabajadores, empresas, ARL, fondos de pensiones y demás actores del sistema.
Cronogramas acelerados y etapas sobre la marcha
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en los tiempos de la convocatoria. El aviso oficial estableció la inscripción y el cargue de documentos únicamente entre el 22 y el 26 de junio de 2026, un periodo de cinco días calendario, sin posibilidad de subsanación. Posteriormente, la Universidad de Pamplona informó que los resultados preliminares de verificación de requisitos mínimos se publicarían el 6 de julio, con reclamaciones solo el 7 y 8 de julio. Sin embargo, al culminar esa etapa apareció un nuevo aviso con citaciones para pruebas de conocimiento y psicotécnicas programadas para el 26 de julio, alimentando inquietudes sobre la velocidad del proceso y la divulgación de fases. Una fuente consultada afirmó: "Les dio por acelerar el concurso", y sostuvo que uno de los principios es publicar el cronograma completo desde el inicio. Además, los documentos carecen de fecha visible de publicación, dificultando el seguimiento.
Controversia por criterios de exclusión
Las denuncias también cuestionan la aplicación de requisitos para permanecer en el concurso. Algunos actuales integrantes estarían siendo excluidos bajo la interpretación de haber ejercido dos periodos consecutivos, cuando su permanencia obedeció a que el Estado no realizó oportunamente los concursos de renovación. Un documento afirma: "La administración estaría convirtiendo su propia omisión en una inhabilidad contra los aspirantes". Una fuente aseguró que hay casos de aspirantes que cumplían requisitos técnicos pero fueron excluidos, e incluso reemplazos temporales se habrían considerado para configurar periodos consecutivos, interpretación calificada como "sesgada". Estas decisiones afectarían especialmente a profesionales con amplia experiencia, con el riesgo de que las juntas pierdan conocimiento acumulado.
Debate jurídico y dudas sobre transparencia
El Instituto Colombiano de Contratación Estatal y Servicios Públicos (INCOES) presentó un derecho de petición al Mintrabajo solicitando revocar las actuaciones, al considerar que parte de la regulación fue objeto de decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El documento sostiene que la integración, composición y designación de las juntas están sometidas a reserva legal y que el Gobierno debió promover una ley previa. El Mintrabajo respondió defendiendo la legalidad, citando el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, que mantiene la obligación de un concurso público, y el inciso primero del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013, recordando que una decisión judicial ordenó cumplir ese procedimiento.
Las fuentes también expresaron preocupación por el desarrollo del concurso: algunos docentes especializados de la Universidad de Pamplona no habrían participado en la construcción técnica de las pruebas, y se cuestionó que una universidad sin facultad de Medicina evalúe conocimientos altamente especializados en pérdida de capacidad laboral. Además, una eventual ampliación en el número de integrantes por sala podría afectar el funcionamiento financiero de estos organismos, que se sostienen con recursos de trámites de calificación, no del presupuesto nacional.
Intención de dejar amarrado el proceso antes del cambio de gobierno
Portafolio conoció que la intención del Mintrabajo sería dejar amarrado este proceso antes de que finalicen las funciones de la actual administración el 7 de agosto de 2026. Mientras el concurso avanza hacia las pruebas de conocimiento y psicotécnicas, las denuncias se acumulan. El Ministerio mantiene la defensa de la legalidad, mientras los cuestionamientos abren un nuevo frente de discusión sobre la transparencia y garantías de uno de los procesos más sensibles para la seguridad social del país.
