La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República emitieron una directriz dirigida al Gobierno Nacional y a las entidades de la Rama Ejecutiva sobre el proceso de empalme con la administración entrante. En el documento recordaron la obligación de entregar un informe de gestión completo, con información detallada sobre los asuntos a cargo de cada entidad, los recursos públicos ejecutados y aquellos pendientes al cierre del periodo de gobierno.
Obligación normativa sin excepciones
Los organismos de control señalaron que el informe debe abarcar la totalidad de la gestión adelantada y advirtieron que esta obligación está prevista en la normatividad vigente. “La citada normatividad exige que el informe incluya la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”, indica la directriz.
Competencias concurrentes y derechos fundamentales
Asimismo, la Procuraduría y la Contraloría recordaron que durante el proceso de transición deben identificarse los asuntos que involucren competencias compartidas entre distintos niveles de gobierno o aquellos en los que otras administraciones hayan intervenido para garantizar derechos fundamentales o la prestación de servicios esenciales. “Sea la oportunidad para recordar a los integrantes del gobierno saliente que, en el marco del proceso de transición, deben identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno (…) a fin de permitir a la administración entrante conocer el alcance de las obligaciones institucionales en curso, las entidades comprometidas y las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública”, señala el documento.
Contratación pública y SECOP
En materia contractual, los entes de control exhortaron a verificar que toda la contratación pública se encuentre publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Además, indicaron que el gobierno entrante deberá recibir información actualizada sobre contratos próximos a vencer, procesos contractuales en desarrollo y aquellos que presenten inconvenientes en su ejecución.
La directriz precisa: “Se recomienda al gobierno saliente verificar que la totalidad de los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y aquellos que se encuentren en curso hayan sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP. En todo caso, debe entregarse a la administración entrante información clara, completa y actualizada sobre los contratos cuyo plazo de ejecución esté próximo a vencer (…) y los contratos respecto de los cuales las obras, bienes o servicios contratados presenten dificultades de ejecución, incumplimientos, controversias o procedimientos administrativos sancionatorios en trámite”.
Publicidad de los informes de empalme
Finalmente, la Procuraduría y la Contraloría exhortaron a las entidades del Gobierno Nacional a garantizar la publicidad de los informes de empalme y de los documentos que los soportan. “Se exhorta al gobierno saliente y a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional que intervengan en el proceso de transición gubernamental a garantizar que los informes de empalme y sus documentos soporte sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública en los canales institucionales dispuestos para tal efecto, salvo las excepciones de reserva o clasificación de la información previstas en la ley”, concluye la directriz.
