Con el inicio del proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la nueva administración de Abelardo De La Espriella, las entidades del Estado deberán preparar informes, inventarios, actas, archivos y datos para entregar la información pública correspondiente al cambio de gobierno. Este proceso, que busca ordenar la transición institucional, se da en medio de la coordinación entre los equipos del gobierno que termina y el que asumirá el próximo periodo.
¿Se suspenden los trámites durante el empalme?
Una de las dudas prácticas para los ciudadanos es qué pasa con los trámites, servicios y canales de atención mientras avanza el empalme. La respuesta, de acuerdo con el marco normativo colombiano, es que las entidades estatales deben seguir prestando servicio al ciudadano. El empalme presidencial no suspende la función administrativa ni autoriza a cerrar ventanillas, canales digitales, líneas de atención o servicios públicos.
El objetivo de la transición es garantizar una entrega ordenada de información, asuntos y recursos públicos entre administraciones, no interrumpir la operación del Estado. Por eso, mientras las entidades organizan la documentación del empalme, deben mantener su atención ordinaria.
Base constitucional del empalme
La base principal está en el artículo 209 de la Constitución, según el cual la función administrativa está “al servicio de los intereses generales” y debe desarrollarse bajo principios como eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Ese mismo artículo ordena que las autoridades administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En el contexto del empalme, esto implica coordinación institucional entre administraciones, pero no suspensión general de trámites o servicios.
La transición presidencial tiene como finalidad organizar la entrega entre quienes salen del Gobierno y quienes lo reciben. Esa coordinación permite preparar la información institucional, pero no reemplaza las obligaciones ordinarias de atención que tienen las entidades públicas frente a la ciudadanía.
¿Qué dice la Ley de Empalme?
La lectura se refuerza con la Ley 951 de 2005, conocida como Ley de Empalme, que regula la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos. Esa norma fija obligaciones para los servidores salientes, pero no contempla la suspensión de la atención ciudadana. La Ley 951 de 2005 obliga a los servidores salientes a presentar un informe a quienes los sustituyan legalmente. Ese reporte debe incluir información sobre los asuntos de su competencia y sobre los recursos financieros, humanos y administrativos bajo su responsabilidad.
La norma aplica a todas las ramas del poder público y también a particulares que manejen fondos o bienes del Estado. Su propósito es ordenar la entrega de información y responsabilidades, no detener la gestión pública mientras ocurre el cambio de administración. Además, la Ley de Empalme exige que los servidores mantengan permanentemente actualizados sus registros, controles y documentación, lo que permite una entrega oportuna y debida de los despachos.
Directiva conjunta y continuidad de la gestión
La Directiva Conjunta No. 001 de 2018, expedida por la Procuraduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, también apunta en esa dirección. Esa directiva insta a planear y ejecutar el proceso integral de empalme con el cambio de Gobierno. El documento se refiere a informes, archivos, inventarios, información física y digital, procedimientos y publicación en transparencia.
Uno de los puntos centrales de la directiva es que los inventarios documentales y la entrega de archivos buscan “garantizar la continuidad de la gestión pública”. Esa frase resume el sentido del empalme: que la administración no se detenga por el cambio de gobierno.
Declaraciones del coordinador del empalme
En el actual proceso de transición, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador del empalme del Gobierno saliente, dijo que el proceso estará regido por la ley y convocó al equipo entrante a una reunión formal en Presidencia. Ávila planteó que puede haber un empalme “confrontacional” o “tranquilo”, pero lo ubicó como un proceso institucional.
¿Qué deben preparar las entidades?
Durante el empalme, las entidades deben preparar informes, inventarios, actas, archivos y datos para entregar al gobierno entrante. Esa tarea administrativa puede exigir coordinación interna, pero debe realizarse sin paralizar la atención ordinaria. Solo podrían existir ajustes operativos puntuales si una entidad los comunica formalmente y dentro de la ley. Fuera de ese tipo de situaciones, el marco reseñado no ofrece base normativa para suspender de manera general la atención al público por el empalme presidencial.
