Nuevo impuesto de un dólar en tiquetes aéreos preocupa a Anato por turismo
Nuevo impuesto de un dólar en tiquetes aéreos preocupa a Anato

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) ha expresado su preocupación por el nuevo impuesto de salida por vía aérea, reglamentado mediante el Decreto 0625 de 2026, que establece un cobro de un dólar estadounidense por tiquete internacional. La presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, señaló que esta medida se suma a una carga tributaria que ya pesa sobre el sector, justo cuando el país busca consolidarse como un destino competitivo frente al resto de la región.

Detalles del nuevo impuesto

El decreto, expedido el 19 de junio por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, reglamenta el cobro de un impuesto de salida del país por vía aérea para nacionales y extranjeros, sean o no residentes en Colombia. La norma establece que este impuesto, equivalente a un dólar estadounidense o su valor en pesos colombianos según la TRM vigente, se cobrará al momento de comprar el tiquete aéreo internacional, y sus recursos serán administrados por el ICBF.

Un dólar adicional sobre un IVA que ya está en 19%

Para Anato, la preocupación radica en que los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19%, una cifra que el gremio considera elevada frente al resto de la región. "Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19% y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante", señaló Cortés Calle, quien insistió en que el sector requiere alivios tributarios y no nuevas obligaciones que afectan al usuario final.

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La dirigente fue enfática en aclarar que el gremio comparte el propósito social del nuevo tributo, destinado a financiar planes de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la pornografía infantil. "Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector", señaló.

Mecanismos que ya financian la lucha contra la explotación infantil

Anato recordó que la normativa turística colombiana ya contempla instrumentos para financiar políticas de prevención y campañas sobre esta problemática. El artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, establece que un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), definido anualmente por su Consejo Directivo, debe destinarse a este propósito, al igual que las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en ejecución de la Ley 679 de 2001.

Con ese argumento, el gremio insistió en que ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a la explotación sexual comercial de menores, por lo que un nuevo cobro al viajero internacional podría resultar innecesario. "Hemos sido reiterativos en la necesidad de establecer una tarifa del IVA del 5% aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector", agregó Cortés Calle, en referencia a una propuesta que el gremio mantiene desde hace varios años.

El temor de Anato por la conectividad y el turismo del país

El gremio alertó sobre el efecto que las cargas tributarias adicionales pueden tener sobre la conectividad aérea del país y, con ella, sobre el desarrollo económico ligado al turismo. Sostiene que imponer nuevos cobros al transporte aéreo internacional, en un momento en que Colombia compite por atraer viajeros y rutas frente a otros destinos, puede desincentivar la llegada de pasajeros y encarecer los planes de quienes ya tienen previsto viajar al exterior.

Pese a no estar de acuerdo, Anato señaló que mantendrá una postura constructiva y respetuosa frente al Decreto 0625 de 2026, buscando que la decisión normativa cumpla su objetivo social sin generar cargas adicionales para los actores del turismo ni para los viajeros. El gremio reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno y con las entidades competentes para encontrar fórmulas que protejan a la niñez sin afectar la competitividad del sector aéreo y turístico colombiano.

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