Condenan a 18 años de prisión por asesinato de docente en Barrancabermeja
La justicia colombiana ha impuesto una condena de 18 años de prisión a Juan Diego Arias Padilla, de 19 años, por el asesinato de la joven docente Jenny Paola Serrano, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Preacuerdo judicial y aceptación de responsabilidad
Durante el proceso penal, Arias Padilla decidió suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por un juez de la República. En este acuerdo, el joven aceptó su responsabilidad en los delitos de:
- Homicidio agravado
- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado
La decisión judicial fijó la pena en 18 años de privación de la libertad, tras considerar las pruebas presentadas por la Fiscalía que demostraron su participación en el crimen.
Detalles del ataque armado
De acuerdo con lo establecido en la investigación, el hecho ocurrió cuando Jenny Paola Serrano, de 26 años, se movilizaba en motocicleta por la calle 51 con carrera 37, cerca de la polideportiva del sector Chicó. Arias Padilla conducía la motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora.
La investigación forense determinó que la víctima recibió 12 impactos de arma de fuego, principalmente en la cabeza y la espalda. Tras cometer el crimen, ambos sujetos huyeron del lugar, en un hecho que generó conmoción entre los habitantes del sector, varios de los cuales presenciaron la escena.
Captura y proceso judicial
Juan Diego Arias Padilla fue capturado el 3 de diciembre de 2025 y, tras el avance del proceso judicial, terminó aceptando su responsabilidad en el asesinato. El joven actuó de manera libre y asesorado por su defensa durante todo el procedimiento legal.
Vida y legado de la víctima
Jenny Paola Serrano era una profesional comprometida con la educación y el trabajo social. Se había desempeñado como docente en el Instituto Mariano hasta diciembre del año anterior al crimen y era estudiante de la Universidad de la Paz.
Además de su labor educativa, la joven lideraba procesos de acompañamiento a jóvenes en rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, trabajo que le había permitido ganarse el reconocimiento y aprecio de la comunidad barranqueña. Su muerte representó una pérdida significativa para los sectores educativo y social de la región.
Este caso judicial marca un precedente en la aplicación de preacuerdos en procesos por homicidio agravado en la región de Santander, demostrando la efectividad de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en hechos de alta conmoción social.
