Abogado enfrenta condena por multimillonaria estafa en sistema de pensiones de invalidez
Un proceso judicial que culminó recientemente en la Corte Suprema de Justicia ha dejado al descubierto una compleja red de fraude en el sistema pensional colombiano. Fabián Alberto Montoya Calderón, un abogado que operaba en el Eje Cafetero, fue hallado responsable de los delitos de fraude procesal y estafa agravada tras alterar fraudulentamente el sistema de pensiones, específicamente aquellas destinadas a personas con invalidez.
El modus operandi delictivo
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2014 en los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Montoya Calderón, junto con otro colega, ejerció como apoderado de ciudadanos que buscaban obtener pensiones de invalidez ante Colpensiones, entidad que en ese entonces era conocida como el Instituto de Seguros Sociales (ISS).
La estrategia fraudulenta consistía en presentar dictámenes médicos falsificados que aparentaban provenir de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de los tres departamentos. Estos documentos contenían distintivos de identificación que correspondían a personas diferentes a las presentadas como reclamantes, lo que permitió el reconocimiento ilegítimo de las pensiones.
Impacto económico y consecuencias legales
El expediente judicial detalla que, a pesar de la falsedad de los documentos, los abogados lograron el reconocimiento de pensiones por invalidez para sus clientes, generando el pago de retroactivos y mesadas pensionales. Esta maniobra causó un grave perjuicio patrimonial tanto al ISS como a Colpensiones, afectando significativamente sus presupuestos.
Según la tesis de la Fiscalía, validada en tres sentencias condenatorias, Montoya Calderón estuvo detrás de 52 reclamaciones fraudulentas cuyo valor total ascendió a la astronómica cifra de 2.843 millones de pesos. La magnitud del fraude llevó a que en noviembre de 2023 la Fiscalía ocupara bienes localizados en Pereira y Caicedonia, presuntamente propiedad del condenado, avaluados en aproximadamente 1.000 millones de pesos.
Recorrido judicial y sentencia definitiva
El caso tuvo un recorrido judicial que incluyó instancias en:
- El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, que emitió una condena inicial de 20 años de prisión.
- El Tribunal Superior de Armenia, que ratificó la condena pero redujo la pena a 15 años y 2 meses de privación de la libertad.
- La Corte Suprema de Justicia, que resolvió el recurso de casación y confirmó definitivamente la condena.
En su fallo, la Corte Suprema señaló la necesidad de compulsar copias a la Fiscalía para determinar si procede la acción de extinción de dominio sobre los dineros públicos indebidamente desembolsados. La sentencia enfatizó la gravedad de utilizar documentación falsa para obtener beneficios pensionales destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
Reflexiones sobre el sistema pensional
Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades que pueden existir en los mecanismos de control del sistema de pensiones colombiano, particularmente en lo relacionado con las pensiones por invalidez. La utilización de dictámenes médicos falsificados para acceder a beneficios pensionales no solo representa un delito contra el patrimonio público, sino que también desvirtúa el propósito social de estas prestaciones.
Las autoridades judiciales han enviado un mensaje contundente sobre las consecuencias de este tipo de conductas delictivas, mientras se analizan medidas para fortalecer los controles y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
