La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar que se adelantaba contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. La decisión se tomó al concluir que no se acreditó la configuración objetiva de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación.
Origen de la investigación
La investigación se originó por una denuncia presentada por una veeduría ciudadana y estaba relacionada con hechos ocurridos durante su periodo como alcalde de Rionegro (Antioquia), entre 2016 y 2019. En ese entonces, según la Fiscalía, Rendón estableció mecanismos de supervisión y control institucional sobre tres contratos que contemplaban la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio.
Decisión de la Fiscalía
De acuerdo con la decisión adoptada, la Fiscalía determinó que no se configuraban los elementos necesarios para estructurar los delitos señalados, lo que llevó al archivo definitivo de la actuación penal en esta etapa procesal. Este pronunciamiento se suma a una decisión previa en materia fiscal.
Antecedentes fiscales
En enero de este año, la Contraloría también ordenó el archivo de dos procesos de responsabilidad fiscal que cursaban en contra del hoy gobernador por los mismos hechos. La Dirección de Investigaciones concluyó en ese momento la inexistencia de daño patrimonial al Estado en las obras de los CAI mencionados.
Las indagaciones fiscales habían partido de la hipótesis de un presunto detrimento cercano a los 1.270 millones de pesos, bajo el argumento inicial de que las infraestructuras no estaban prestando el servicio de seguridad para el cual fueron contratadas. Sin embargo, tras el análisis del caso, el ente de control descartó la afectación al erario.
Posición de la defensa
Durante el proceso, la defensa de Rendón sostuvo que las actuaciones en su contra carecían de proporcionalidad y fundamento. Según se expuso, se trataba de hechos ocurridos varios años atrás y relacionados con un contrato que ya había sido ejecutado, lo que, a su juicio, desvirtuaba la necesidad de medidas adicionales dentro de la investigación.
