Defensor de Carlos Ramón González revela detalles tras eliminación de circular roja de Interpol
Iván Cancino, abogado defensor de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), concedió una entrevista exclusiva a Noticias RCN donde abordó las implicaciones jurídicas tras la eliminación de la circular roja de Interpol en su contra. El profesional del derecho afirmó que la decisión del organismo internacional responde a vulneraciones relacionadas con el manejo de información reservada dentro del proceso judicial colombiano.
Irregularidades en el proceso y garantías inviolables
"Se trató de garantías absolutamente inviolables que no habrían sido justificadas por la Fiscalía General de la Nación", declaró Cancino, quien evitó profundizar en aspectos específicos por tratarse de datos protegidos. El defensor enfatizó que la resolución de Interpol representa un reconocimiento formal de estas vulneraciones procesales, las cuales afectaron sustancialmente el derecho a la defensa de su representado.
El abogado explicó que la normativa internacional exige condiciones muy específicas para la emisión de circulares rojas, condiciones que, según su análisis, no se cumplieron en el caso de González desde el inicio del procedimiento. Esta situación, según Cancino, debilita significativamente la posición de la Fiscalía colombiana en el escenario internacional.
Falta de "hechos nuevos" para una nueva solicitud
Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la explicación jurídica sobre por qué una eventual nueva solicitud de circular roja no tendría posibilidades de prosperar. Cancino sostuvo que la normativa de Interpol exige la existencia de "hechos nuevos" y no simplemente la inclusión de delitos adicionales en la acusación.
"Aunque la Fiscalía podría intentar sustentar una nueva petición incluyendo el delito de lavado de activos, esto no cumpliría con el requisito fundamental", explicó el letrado. "No son delitos nuevos lo que exige la norma, sino hechos nuevos. Los hechos expuestos serían los mismos que ya fueron evaluados y que llevaron a la eliminación de la circular actual".
Esta distinción entre "delitos nuevos" y "hechos nuevos" representa, según el análisis de la defensa, una barrera jurídica insuperable para cualquier intento de reactivar la circular roja internacional contra González.
Estrategia jurídica y permanencia en Nicaragua
Respecto a la situación personal de su cliente, Cancino confirmó que Carlos Ramón González permanecerá en Nicaragua, pese a que actualmente no tiene restricciones internacionales de movilidad tras la eliminación de la circular roja. Esta decisión está directamente ligada a la estrategia jurídica global y al proceso de asilo que, según el defensor, se ve fortalecido tras la determinación de Interpol.
"La decisión de permanecer en Nicaragua responde a consideraciones estratégicas dentro del proceso legal", afirmó Cancino. "El fortalecimiento de su posición jurídica internacional tras la resolución de Interpol consolida las bases de su situación migratoria en el país centroamericano".
Cuestionamientos a la solidez del caso en Colombia
El abogado también cuestionó la solidez del caso que la Fiscalía mantiene contra González en Colombia. Según su exposición, la acusación se sustenta principalmente en el testimonio de un único testigo beneficiado con principio de oportunidad, lo que genera dudas sobre la credibilidad y consistencia de las pruebas.
"Existen inconsistencias fundamentales que serán expuestas en juicio para demostrar la inocencia de González frente a los delitos imputados", aseguró Cancino. El defensor adelantó que la estrategia de la defensa se centrará en evidenciar estas contradicciones procesales y probatorias durante el desarrollo del proceso judicial en Colombia.
La entrevista completa revela un escenario jurídico complejo donde las decisiones internacionales están influyendo significativamente en el desarrollo del caso a nivel nacional, estableciendo precedentes importantes sobre el manejo de información reservada y los requisitos para solicitudes de cooperación internacional en materia penal.
